Seguramente son ustedes conocedores de la fábula de la rana y el escorpión. En esta breve historia con moraleja, un escorpión convence a una rana para que le ayude a cruzar un río con la promesa de que no le picará, pero a mitad de recorrido le clava su aguijón inyectando el veneno a la rana, que resulta letal para ambos. Mientras se hunden, ésta pregunta por qué y el escorpión responde: “No pude evitarlo, es mi naturaleza”. Pues bien, tras ver el resultado del consejo de ministros del pasado viernes, y la inesperada noticia de la subida de impuestos, más de uno nos hemos quedado con la misma cara que la rana de la fábula.

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El modelo se deriva de mi convencimiento razonado de que un sistema fiscal debe servir a un único objetivo: repartir entre los ciudadanos de un país los gastos que supone el sostenimiento del estado y los servicios que éste presta. Es decir, el mismo objetivo que las cuotas de la comunidad de vecinos, sólo que en vez de pagar el contrato de mantenimiento de los ascensores, la iluminación de las zonas comunes, la limpieza de la escalera, el servicio de vigilancia y la minuta del administrador que nos lleva los papeles de la comunidad, con los impuestos pagaríamos el arreglo de las carreteras, la iluminación de las calles, el servicio de limpieza urbano, el sostenimiento de la policía y el ejército y el sueldo de los funcionarios que se ocupan de administrar la cosa pública. A otra escala, bien es cierto, pero conceptualmente el modelo sería el mismo.

Claro que este ya sabemos que no es el único objetivo político del sistema fiscal actual, que a los fines descritos añade uno que no se da en la comunidad de vecinos: la redistribución de la riqueza. Esto es así hasta el punto que el llamado “gasto social” y que no es otra cosa que la acción redistributiva, parece ser incluso más importante que el “gasto corriente” (recordemos que tal y como mantenía en la entrada anterior, los impuestos progresivos no son sino una forma rocambolesca y poco transparente de redistribuir la riqueza).

En mi propuesta, no obstante, no contemplo un objetivo explícito de redistribución de la riqueza y así es como me gustaría que se entendiera. No digo que piense que la riqueza, cuanto más distribuida esté entre la población, mejor. Antes bien, me considero una persona normal y como tal, yo también soy de los que creo que debería erradicarse la pobreza. La miseria ajena me causa tanta congoja como a cualquier persona corriente -que no padezca psicopatologías antisociales. Pero sí que estoy en contra es que la redistribución deba encargarse al estado. Por muchos motivos, pero principalmente porque (1) no me fío del criterio arbitrario del político o burócrata de turno y porque (2) la teoría nos demuestra y la historia nos ilustra que generalmente se logra el efecto opuesto al deseado.

En todo caso, si diera la casualidad de que el lector fuera un acérrimo defensor de la función redistributiva del estado, le pediría que lo aparcase por un momento para una discusión posterior. Es decir, centrémonos en los gastos puros de sostenimiento de la maquinaria política y burocrática para establecer un régimen fiscal apropiado que sea realmente equitativo -para mí, equitativo es que todos paguen lo mismo. Si luego hubiera que ejecutar la distribución, hágase pero de manera explícita como un impuesto separado: que sepamos cuánto nos cuesta el estado y cuánto nos cuesta la “solidaridad” forzosa.

Dicho lo cual, centrémonos en el sistema en cuestión. El procedimiento sería muy sencillo y, como en cualquier comunidad de vecinos o club social, partiría del presupuesto de gastos.

Paso 1: Cálculo bottom-up de la previsión de gastos / inversiones del año fiscal

Es decir, en vez de empezar la casa por la ventana, como suele hacerse en nuestro país, que primero el Parlamento aprueba un techo de gasto y luego el Gobierno se ajusta al mismo (con lo cual el techo se convierte de facto en el presupuesto), comenzaríamos por abajo -enfoque bottom-up que diría un consultor -, es decir, planteándonos la pregunta: ¿qué gastos / inversiones prevemos para el año que viene en CADA UNO de los organismos oficiales?

Así, cada ministerio, comunidad autónoma o ayuntamiento debería hacer su previsión: necesitaremos pagar tantas nóminas de funcionarios, tantos alquileres de edificios públicos, tantos contratos de suministros varios (luz, agua, gas, teléfono, líneas de datos, limpieza, mantenimiento, seguridad, equipos informáticos, etc.), tantos coches oficiales (alquiler o compra, seguro, mantenimiento, etc.), tanto material de oficina (folios, bolis, clips, etc.), tantos billetes de avión y noches de hotel para los viajes de los señores ministros, tantos eventos institucionales y sociales, tantos anuncios de publicidad institucional y así sucesivamente. Sin olvidar el capítulo de reposiciones de material gastado u obsoleto (mobiliario de oficina, reformas en la casa del ministro correspondiente, renovación del vestuario de la vicepresidenta, etc.). Es decir, lo imprescindible para que la maquinaria estatal siga funcionando.

Evidentemente, cada ministerio, comunidad autónoma o ayuntamiento tendrá sus gastos específicos: maquinaria de guerra, uniformes y raciones para Defensa; porras, pistolas y sistemas de escucha para Interior; suministros hospitalarios para las Consejerías de Sanidad autonómicas; electricidad del alumbrado para los ayuntamientos; etecé, etecé. Todo ello deber ir previsto y sumado en este epígrafe.

Luego tendríamos que tratar el capítulo de inversiones -nótese que de momento no cuestiono si deben hacerse o no inversiones públicas. Aquí, reflejaríamos, igualmente por unidad administrativa, las inversiones a realizar durante el año, tanto las ya iniciadas en años anteriores y que haya que seguir pagando como las que queramos iniciar el año próximo. Cada área del estado debería indicar que necesitará tantos euros para la ampliación del metro, tantos para el nuevo túnel, tantos para la línea del AVE a Galicia y tantos para el nuevo aeropuerto de León. Y así con todo lo que se considere inversión en nuevas infraestructuras.

Hasta aquí tendríamos los gastos e inversiones orientadas al sostenimiento del estado. En mi caso particular, la deuda pública a largo plazo la prohibiría constitucionalmente -permitiría únicamente los instrumentos financieros necesarios para la lógica gestión de la tesorería sin agobios- pero en cualquier caso, en caso de que la hubiera -que tendría que haberla en todo caso durante la transición-, deberíamos sumar aquí los gastos financieros derivados de los intereses, así como, evidentemente, los pagos del principal que toquen en el año. Igualmente, aplicaría el mismo principio de separación: que se sepa qué parte de los costes financieros corresponden a cada área.

Nótese que no he cuestionado aún ningún gasto público. Simplemente estoy proponiendo que se haga la previsión partiendo de abajo arriba y por entidad estatal para obtener una cifra de costes a pagar por los ciudadanos, sin incluir de momento, eso sí, ningún aspecto redistributivo -ni transferencias ni subvenciones ni pensiones ni subsidios-, ese capítulo lo abordaremos luego.

Paso 2: Cálculo de los ingresos para un presupuesto base cero (igualar los ingresos a los costes)

Pues bien, con este coste lo que haremos es dividirlo entre los españolitos de a pie, tal y como se hace con la comunidad de vecinos o el club de amigos del ornitorrinco blanco, de tal suerte que lo que se deba ingresar sea exactamente igual, ni más ni menos, que los gastos presupuestados.

Evidentemente, estamos haciendo previsiones por lo que la probabilidad de acertar al céntimo de euro es tendente a cero. En general, habría que establecer una partida para contingencias en el apartado de gastos y, al final del ejercicio, liquidar. Pasando la diferencia al año próximo, sea como ingreso adicional si nos hemos pasado, o como coste adicional si nos quedamos cortos.

Es decir: el déficit no puede ser una opción.

Paso 3: Determinación de la contribución individual (dividir costes por número de individuos)

Una vez determinados los ingresos totales que deben ir a parar a las voraces arcas del estado, toca articularlo en un sistema impositivo. Mi propuesta es que sea un impuesto ÚNICO y a pagar de UNA VEZ, de forma que duela de verdad lo que nos cuesta el aparato político y burocrático (nada de dividirlo en mil pagos y algunos de ellos, los más importantes, ocultos en retenciones e impuestos indirectos). Es decir, lo que propongo es fusionar en un único impuesto el IRPF, IS, IVA, IBI, impuesto de circulación, impuestos especiales, tasas, etc.

El problema es encontrar el criterio para decir quiénes son los españolitos entro los que dividir lo que nos toca pagar, pues es evidente que el bebé que en estos momentos está naciendo en el Hospital de la Paz no le vamos a hacer pagar como al resto.

Reconozco no es tan fácil como en los dos ejemplo que he puesto antes. ¿Cómo dividimos? ¿Por edad, por renta, por lugar de residencia, por familia, por número de hijos, por volumen y peso, … ?

Por definición, Siempre que imponemos un criterio, éste es arbitrario. Y el de la renta lo es tan arbitrario como el de la edad. Lo que sí, es que el criterio deber ser simple de aplicar, homogéneo, relativamente estable y con un poco de sentido común.

Un criterio es que debe ser por persona, que somos los que “disfrutamos” de los servicios públicos -es decir, descartando criterios que sean por número de casas, coches, etc.- Y, naturalmente, para los organismos territoriales aplicaríamos el criterio geográfico -p. ej. empadronamiento. Quizás lo más limpio y razonable es que se haga por edad, estableciendo un límite por debajo del cuál no se entre en el reparto. A primer bote, el límite podría estar en los 18 años, ya que si tienen edad para votar, deben tenerla para pagar impuestos. Claro que choca un poco con la realidad, dado que muchos a esa edad viven aún con sus padres y no tienen ingresos para pagar nada. Cargar a sus padres con la cuota de sus hijos podría, además, suponer un desincentivo a la natalidad, con lo que la sociedad entera quedaría perjudicada. Parece razonable, pues, retrasar algo más la edad de corte para el reparto de gasto, quizás situándola en alguno de los límites habituales para disfrutar del “carnet joven” o similar. Así, creo que me decantaría por los 26 o por los 30 años. Tampoco está mal apoyar a la juventud en esos años cruciales liberándoles de todo pago a Hacienda.

Como conclusión de este paso, tendríamos una “declaración de la renta” -entrecomillo porque ya no sería tal, sino más bien una “factura estatal a pagar”- en la que apareciera, con un nivel de desglose manejable pero como mínimo por unidad administrativa, los conceptos de pagos a realizar por el ciudadano. Esto tendría dos efectos beneficiosos inmediatos: (1) sabríamos que el estado siempre cuesta dinero y (2) sabríamos cuánto nos cuesta cada entidad pública a cada uno de nosotros -pudiendo incluso establecerse de forma sencilla comparaciones entre CC.AA. y municipios vecinos. Es decir, no quedaría oculto entre cientos de impuestos, tasas, retenciones, etc. También tendría como efecto positivo nada desdeñable la simplicidad en la recaudación y la minimización del fraude -sólo cabría falsificar la partida de nacimiento para evitar pagar-, con el ahorro añadido del sueldo de los inspectores de Hacienda…

Paso 4: Ajustes redistributivos

Nos queda aún el apartado redistributivo sobre el que ya me he pronunciado pero que no puedo obviar porque, en el mejor de los casos, habría que hacer una transición más o menos suave de un sistema a otro. Y tampoco quiero que esta cuestión desvíe la atención sobre el núcleo del sistema propuesto y sus beneficios inmediatos sin necesidad -aún- de tocar otras partidas más “sensibles”.

Así, si es que hubiera que dar respuesta a una función de redistribución de la renta, esta la haríamos en este punto y siguiendo un proceso similar. No me extenderé mucho en este apartado. Simplemente decir que haríamos una previsión de forma parecida a la que hicimos con los gastos: cada ente estatal diría cuántas subvenciones daría y por qué importe, cuantas transferencias realizaría, qué subsidios y por cuánto otorgaría, además de pensiones, etc. Con ello llegaríamos a una base de costes adicionales. Costes que habría que repartir con el criterio de redistribución que se establezca y que al final, con independencia del criterio y mecanismo empleado para realizarla, se articularía en una cifra a sumar o restar a la “factura” antes mencionada. Así, sabríamos de verdad cuán “solidarios” somos o cuánto recibimos del dinero que ponen otros más ¿afortunados?.

Evidentemente esto no es más que un esbozo de las líneas generales. Con toda seguridad habría que pulirlo, hacer simulaciones para ver el impacto, plantear un escenario intermedio que facilite la transición al sistema ideal o, por qué no, ponerlo a prueba por ejemplo en un ayuntamiento o una comunidad autónoma.

También me hubiera gustado ponerle algún número para ver la dimensión, pero se me alargaba demasiado y me parecía más interesante que el concepto quedara claro. Quizás lo haga en el futuro, aunque de momento descansaremos un poco del tema impuestos…

Nota sobre el título: El título, que literalmente se traduce al castellano como “aunque en esta diferencia aun hubo igualdad” está extraído del Panegyricus Traiani o Panegírico del emperador Trajano de Plinio el Jóven (62-113 D.C.). Se trata de un discurso laudatorio hacia el emperador Trajano que curiosamente escribió Plinio como discurso para su nombramiento por aquél como cónsul. Aunque como se ve era muy amigo del poder y poco de los cristianos -participó activamente en las persecuciones de Trajano- la frase viene a colación del discutible carácter de la igualdad -o, si se prefiere, el concepto más laxo de equidad. En efecto, Plinio alaba la equidad de Trajano, que habiendo prometido ciertas compensaciones económicas al pueblo y una paga extra a sus soldados y no teniendo efectivo suficiente decidió pagarle la mitad de lo comprometido a los soldados en primer lugar y posteriormente la compensación completa al pueblo. Para Plinio, aunque las cantidades y los tiempos fueran diferentes, en la suma, el trato fue equitativo…

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¿Cómo se justifica la progresividad? Desde luego no en el hecho de que “gastes más recursos públicos”, porque en realidad por ganar más dinero, no se hace un uso mayor de los servicios que presta el estado a sus ciudadanos. Antes bien, según mejora tu nivel de ingresos, lo normal es que te vayas a lo privado en la sanidad, la educación, el transporte, los planes de pensiones, etc. Si lo comparamos con una comunidad de propietarios, que es un estado en chiquitio, ¿tendría sentido que las cuotas dependieran de la renta de cada vecino? No, ¿verdad? Si tuviéramos un ricachón en la urbanización, seguro que éste es el que menos baja a la piscina porque se va los fines de semana a su casa de la playa (tampoco tiene mucho sentido, la verdad, que se pague en proporción a los metros: por tener cinco metros cuadrados más, tampoco voy a hacer mayor uso de la piscina, ni de los ascensores, etc.).

No, la justificación se refiere más a una cuestión de redistribución de la riqueza. Pero como esto de redistribuir suena demasiado a Robin Hood, nuestros políticos nos hablan más bien de “solidaridad”. Es decir, existe un precepto moral que viene como mínimo desde Aristóteles -y que luego recogieran los escolásticos con mayor o menor fortuna- cuyo mandato es que el que tiene más, debe contribuir en mayor medida y más que proporcionalmente por su mayor capacidad. Como principio ético es indiscutible, de alguna manera todos tenemos grabado en nuestro código social que debemos ayudar al débil y que es bueno hacerlo, y nuestra obligación moral es tanto mayor, cuanto mayor sea nuestra capacidad de contribuir. Sólo que hay un pequeñísimo matiz: cuando el estado impone la moral a punta de pistola, ya no es tan fácil diferenciar si contribuimos de forma altruista o forzados. ¿Se puede seguir llamando a eso solidaridad? En mi opinión, no.

“Claro”, alguien dirá, “es que si lo dejas a la buena voluntad de la gente, sólo ayudarían cuatro gatos, porque ya has visto lo que la gente contribuye voluntariamente a oenegés y demás, que no llega ni al 5%”. Vale, puede que la gente sea poco altruista en la situación actual, pero claro, cuando casi la mitad de lo que ganas ya se lo queda el estado para (re)distribuirlo a su antojo, ¿qué capacidad te queda? ¿No es más lógico que pienses: “que les ayude el gobierno que para eso he pagado mis impuestos”?.

Es cierto que si la redistribución la hiciéramos nosotros y no un burócrata en nuestro nombre no íbamos a dar ni en sueños casi medio millón de euros en tres años para promocionar por Europa las excelencias de la cría del champiñón nacional, a no ser que un pariente muy cercano se dedique a la cría de estos sabrosos hongos. Pero claro, sin ánimo de minusvalorar el posible drama que puedan estar viviendo quienes se dedican al cultivo del champiñón, desconocido allende nuestras fronteras, lo cierto es que se me ocurren muchos casos más cercanos y más necesitados a los que poder ayudar con esos quinientos mil eurillos.

En cualquier caso, la realidad es que nos hemos comido con patatas el famoso adagio comunista que dice que “De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades”. Este infausto eslogan fue acuñado en 1875 por Karl Marx en su “Crítica al programa de Gotha” -el tal programa era el fundacional del partido socialista de los trabajadores de Alemania, fundado el mismo año en la ciudad turingia de Gotha, aunque no era una idea original ni nueva, pues en realidad fue ya estandarte del socialismo utópico francés y, mucho antes, se puso en práctica con todas su consecuencias en la comunidad anabaptista de Münster a mediados del siglo XVI. De aquí viene pues la sugerente pero dudosa idea de ”que pague más el que más tiene”. Y digo dudosa porque, aunque como consigna moral tiene su punto, según hemos visto, como instrumento de política fiscal tiene serios problemas de consistencia lógica y, generalmente, provoca efectos contrarios a los deseados.

Porque, primero, ¿cómo se determina la capacidad y la necesidad de cada cual? Segundo, asumiendo que la capacidad pueda ser conocida, ¿cómo se asegura que todos rindamos al tope de nuestra capacidad y no nos escaqueamos? Y tercero, ¿cómo se coordinan las capacidades hoy con las necesidades futuras y viceversa? Vayamos por partes:

(1) Es evidente que para llevar a la práctica la progresividad, hemos de objetivar de alguna forma la “capacidad” de cada uno. Y, una de dos, o nos miran la nómina o la cuenta corriente o nos hacen un test de aptitudes. Dado que lo segundo quedaría feo hoy en día, nos miran lo primero que además es más fácil. Pero claro, ¿se puede saber por el nivel de ingresos que ese es el máximo al que podría optar en ese preciso momento? ¿Podemos descartar el caso de alguien que ocupa un puesto de trabajo de inferior cualificación al que le correspondería, simplemente porque se ha hartado de que por cada euro extra que gana, casi la mitad se lo lleve el estado? Se me antoja complicado. ¿Podríamos identificar a ese alguien? No, si no hacemos el test que comentábamos antes, pero aparte de quedar mal, su eficacia sería limitada, dada la facilidad para ocultar las capacidades personales.

Es más, casi pondría la mano en el fuego por afirmar que aún existe en el conjunto de la población un potencial humano por explotar. Estoy convencido de que no hemos alcanzado el límite de nuestras posibilidades. Por lo tanto, la pregunta que me hago es, ¿cómo sería el mundo si se pusiera en movimiento toda la capacidad humana que, desincentivada fiscalmente, permanece hoy quieta?

Aquí cabría un argumento cuya respuesta no puedo eludir. Sería el de que el “beneficio social” que nos proporciona el actual sistema progresivo sería superior a la supuesta “capacidad desaprovechada” que, por otro lado, beneficiaría sólo a un individuo. Bien, pues yo digo por un lado que no podemos saber el balance de “beneficios” porque no sabemos qué podría surgir de esa capacidad; por otro lado cuestiono que se pueda medir el “beneficio social”, dado que con los impuestos no sólo se financian servicios que sirven a todos sino que hay mucha concesión a “buscadores de rentas”, esto es subvenciones y transferencias a colectivos específicos y grupos de presión -sin contar los gastos suntuarios de nuestros políticos que sólo les benefician a ellos; y, finalmente, que para que alguien obtenga beneficios en su actividad mercantil, debe acertar con lo que necesitan realmente los consumidores, satisfaciéndole su necesidad y, por lo tanto, generando un beneficio social claro.

(2) El segundo punto creo que es más claro de entender una vez que se ha puesto de manifiesto. Esto es, asumiendo que las capacidades de cada uno estuvieran dadas y fueran conocidas, ¿cómo conseguimos que alguien acepte, de acuerdo a su capacidad, un puesto de trabajo mejor remunerado pero que requiere mayor dedicación, si éste no quiere porque valora más su tiempo de ocio? Ya se ve que sólo podríamos lograrlo o bien incentivándolo, es decir, pagándole más -o cobrándole menos impuestos- hasta que el valor que le concede a la pasta extra -más bien a lo que puede comprar con ella- sea mayor que su apreciación subjetiva del tiempo que dedica al esparcimiento, o bien obligándole a hacerlo, amenazándole con la cárcel si no lo hace. En el primer caso, nos estaríamos cargando el propio sistema progresivo. En el segundo nos retrotraeríamos al mismísimo régimen de Pol Pot.

(3) El último punto es una tercera derivada, y por lo tanto, más difícil de ver, pero que no deberíamos obviar. Se trata de que hay que considerar el elemento temporal: ni las capacidades ni las necesidades son estáticas y, por lo tanto, fijas a lo largo del tiempo. Esto lo sabemos, y sabemos también que a ciertas edades tenemos unas capacidades y unas necesidades dadas pero que a medida que envejecemos, nuestra capacidad disminuye inevitablemente al tiempo que aumentan nuestras necesidades. Pues bien, el sistema progresivo ignora este hecho y en cada momento temporal trata a las personas como si no existiera el mañana. De este modo, sólo se preocupa de atender a las necesidades de los mayores de hoy con las capacidades de los jóvenes de hoy. ¿Y mañana cuando esos jóvenes sean mayores? Bueno, eso es el largo plazo y a largo plazo, todos muertos, como dijo Keynes. Quiero decir con esto, que el sistema progresivo rompe toda coordinación intertemporal que uno pueda realizar a título particular. Pues mi largo plazo sólo me preocupa a mí, ya que al político le entra la risa si le preguntamos por dentro de 30 años -salvo que de su propia pensión se trate, claro. Y a nadie se le puede pedir que se fíe de alguien que ni siquiera conoce quién será: el futuro político en el poder encargado de administrar la redistribución dentro de 30 años.

En definitiva, que en mi opinión el sistema fiscal progresivo no se sostiene racionalmente. Ahora bien, por otro lado, me pregunto por qué, siendo así, la gran mayoría de las personas se encuentran cómodos en este sistema y no se quejan. Sólo se me ocurren dos explicaciones: envidia o complejo.

La primera se basa en que siempre habrá alguien que gane más que nosotros -a no ser que nos llamemos Carlos Slim-, y por nuestra naturaleza envidiosa, no nos importa pagar un poquito más siempre que al “mardito ricachón” que gana más que nosotros le dan un palo mayor. La segunda explicación no deja de ser menos perversa: si me quejo es porque gano mucho y como eso está mal visto, pues tengo todo el incentivo a callarme y sufrirlo en silencio. Y contra esto, junto con el pensamiento premasticado, es contra lo que me rebelo.

Me carga mucho, admito, la respuesta típica de “pues si te quejas porque pagas mucho es porque que ganas mucho” -dígase además con el tono ese con el que los niños se chinchan unos a otros en el patio del colegio. Si no fuera porque me eduqué en los Maristas, le respondería en tono desabrido: “¿Qué sabrás tú lo que pago o dejo de pagar o gano o dejo de ganar?”. Porque cualquier dinero malgastado -y considero que gran parte de los impuestos se malgastan- me va a parecer mucho, sean 10€, 1.000€ o 1.000.000€. Pero, en todo caso, y si ganara mucho, ¿qué? ¿Sería un criminal por ello? ¿Hay algo malvado en esforzarse, trabajar duro, preocuparse por hacer las cosas bien, tener afán de superación, estar un poco espabilado para darse cuenta de las oportunidades que nos ofrece la vida y ser lo suficientemente vivo para aprovecharlas? No, ¿verdad?

Y es que en nuestra vieja sociedad europea (y esto daría para otra entrada), parece que ganar dinero es algo de lo que haya que avergonzarse. Yo más bien pienso como los americanos, que debería ser motivo de orgullo -huelga decir que siempre y cuando se haya ganado honradamente. A fin de cuentas, tener éxito en lo profesional y, por tanto, en lo económico, no es sino la consecuencia lógica de haber trabajado duro, haber hecho las cosas bien y, concretamente, haber satisfecho mejor que nadie en el mercado las necesidades de los consumidores.

Pero a veces pienso que en nuestro país envidiamos más la gente a la que le toca el gordo de la lotería de Navidad y lo celebra, botella de Carta Nevada en mano, a la puerta de la administración de lotería, que quienes llevan toda una vida trabajando y han tenido la perspicacia para acertar en los negocios y enriquecerse, a la par que han creado puestos de trabajo. Quizás los orígenes de ambos grupos fueran humildes, pero en los primeros es como si un acto de “justicia poética” fuera lo que les hiciera ricos, mientras que en los segundos, es la mezquina ley de mercado -y Dios sabe qué otros crímenes- la que les convierte en millonarios. A los primeros les tenemos envidia sana; a los segundos, de la mala. Y quizás por eso se piense que la progresividad de los impuestos en el fondo no está tan mal…

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Y aunque lo digo medio en broma medio en serio, en realidad comparto con ellos un razonamiento fruto de un cierto ejercicio de reflexión. Estos argumentos son los que quiero compartir aquí en esta ocasión, ya que el tema de los impuestos vuelve a estar tristemente de moda. Lo que intento es combatir la supuesta moral que condena a quien deja de pagar impuestos por cometer un crimen contra toda la sociedad, que para la progresía imperante es peor que un delito de lesa humanidad.

No sé si lograré convencer a alguien, porque la propaganda del “Hacienda somos todos” ha calado hondo en nuestros espíritus y a nadie parece importarle mucho que, aunque Hacienda seamos todos, algunos lo son/somos más que otros. No obstante, me conformaré al menos con que se reflexione un poquito y no se compre a la primera la mercancía prefabricada.

Pero antes de que se me acuse de incitar al delito fiscal, quiero dejar claro un tema: considerar que un comportamiento esté éticamente justificado no implica necesariamente que éste sea legal. Lo que es legal es legal y lo que es ilegal es ilegal, nos guste o no. Allá cada uno con el nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir para defender lo que es suyo -sí, suyo.

Porque otra cuestión bien distinta es dónde situar la barrera que marca cuando pasamos de una “planificación fiscal agresiva” a un fraude de ley o, directamente, a la evasión de impuestos. Esto no es ni mucho menos evidente y, de hecho, nuestros amigos ingleses, con la finura lingüística que les caracteriza, tienen toda una literatura jurídica y jurisprudencial para distinguir entre “tax avoidance“, o mucho mas sugerente, “tax mitigation” -lo legal- de “tax evasión” -lo ilegal. Los españoles, que para esto somos un poco más brutos, hablamos simplemente de evasión de impuestos y con esto le colgamos el sanbenito a cualquiera que simplemente quiera defender su propiedad privada.

Ya se ve que algo, por ser ilegal, no necesariamente tiene que ser inmoral y viceversa, un comportamiento legal puede ser tachado de inmoral en según qué esquemas éticos -como ejemplo, la consabida cantinela de que los ricos, ricos de verdad, no pagan impuestos.

En cualquier caso, no quiero iniciar un nuevo debate filosófico-político sobre la relación entre ley y ética y mucho menos abrir ahora el melón sobre la existencia de una ética objetiva -si a alguien le interesa ese debate, le recomiendo que lea “La ética de la libertad” de Murray N. Rothbard.

Lo que quiero -y claramente no consigo- es centrarme en mi tema de hoy: la justificación ética para, permitáseme el eufemismo, optimizar los pagos al estado en concepto de impuestos.

El razonamiento lo resumo en estos cuatro puntos que luego elaboraré: (1) los impuestos son el resultado de la coacción del estado que, bajo la amenaza del ejercicio de la violencia física, nos fuerza a entregarle una parte arbitraria de nuestra propiedad privada, y la emplea en usos que son igualmente arbitrarios y discrecionales. (2) La propiedad privada es la institución humana más importante, y el derecho a su protección solamente es superado en importancia  por el derecho a la vida y a la libertad. (3) Tanto es así que, defender lo que es propio de uno es tanto como defenderse a sí mismo. Puede decirse que la defensa de la propiedad es un acto de legítima defensa o, lo que es lo mismo, es moral ejercer cualquier acción -incluso si es violenta- para defenderse la integridad física de uno mismo, y de sus posesiones. (4) Por lo tanto, podemos considerar las acciones orientadas a minimizar el pago de impuestos como un gesto de defensa propia que está éticamente justificado.

(1) Los impuestos, como su propio nombre indica, son una acción impuesta por un grupo de personas sobre alguien. Es verdad que los impuestos los pagamos voluntariamente sin que venga el señor de Hacienda físicamente a nuestra casa, pistola en mano, para recaudar. En general, la mayor parte la pagamos con la anestesia de la retención en nómina. Como el dinero no llega a entrar en el bolsillo, parece que nos doliera menos pagarlo y no tenemos la sensación de estar obligados a hacerlo. Si resulta que, pese a las retenciones, la declaración nos sale a pagar, entonces sí que pesa sobre nosotros la obligación de ingresar en las arcas de Hacienda, si bien la cantidad suele ser pequeña en relación con lo que hemos ido dejando de recibir a lo largo del año -y si nos sale a devolver, ilusos de nosotros, nos ponemos muy contentos sin darnos cuenta de que nos devuelven una fracción mínima de lo que ya se han quedado.

Aún así, cuando nos toca pagar voluntariamente, en realidad lo hacemos porque pende sobre nosotros la amenaza de que nos envíen al señor recaudador acompañado de una pareja de la Guardia Civil y, no sólo nos quitará el dinero que teníamos que haber pagado, sino que nos quitará más por el hecho de que se tenga que tomar la molestia de venir. Y, si es mucho, además, nos encerrará. El hecho de que no suela haber violencia, como ocurre en la imagen que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en los recaudadores de impuestos medievales, no implica que, en última instancia, no exista una amenaza de la misma.

He tachado la palabra voluntariamente porque ya se ve que éste es muy diferente del caso en el que pedimos que nos descuenten de la nómina el seguro de salud o el fondo de pensiones privado, o pagamos nuestra cuota a una oenegé o contribuimos a Cáritas. Se parece más al del carterista que nos levanta la cartera en el metro sin que nos enteremos, o al atracador que amablemente nos pide un esfuerzo mientras nos encañona con su pipa. No creo que esto tenga mucho que ver con la solidaridad. Por eso, no es casualidad que se llamen impuestos, ¿no?

(2) Sobre la propiedad privada, podría escribir cientos de entradas, pues el tema da para varias tesis doctorales. Sobre su importancia, decía Bastiat que “la propiedad es la verdad y la justicia misma y que lo que lleva en su seno es el principio del progreso y de la vida“. Y no exageraba el economista francés la importancia de esta institución casi tan antigua como el hombre y que está estrechamente ligada a la libertad. En efecto, el mismo autor se preguntaba si

se puede concebir la noción de “propiedad” sin libertad. ¿Soy propietario de mis obras, de mis facultades, de mi fuerza, si no puedo emplearlas en prestar “servicios” aceptados voluntariamente? (…) Y si la libertad padece detrimento, ¿no es la propiedad la que experimenta el daño?

O, por ejemplo, Lord Acton -el que acuño la célebre frase de “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”- sostenía que “un pueblo contrario a la institución de la propiedad privada carece del primer elemento de la libertad” o, más tarde, nuestro habitual Hayek, mantendría en “Los fundamentos de la libertad” que el reconocimiento de la propiedad supone un primer paso en la delimitación de la esfera privada que nos protege contra la coacción:

El reconocimiento de la propiedad privada constituye, pues, una condición esencial para impedir la coacción, aunque de ninguna manera sea la única. Raramente nos hallamos en condiciones de llevar a cabo un plan de acción coherente a menos que poseamos la seguridad del control exclusivo de algunos objetos materiales, y donde no los controlemos, es necesario que sepamos quién lo hace si hemos de colaborar con los demás.

Tanto es así que Rothbard -que ya hemos mencionado antes- identificó directamente los “derechos humanos” con derechos de propiedad. Y lo hizo en dos sentidos:

uno, que la propiedad sólo puede atribuirse a los seres humanos, de modo que una persona tiene derechos de propiedad precisamente porque es humano. Y dos, que el derecho de la persona sobre su propio cuerpo, su libertad personal, es tanto un derecho de propiedad sobre su persona como un “derecho humano”.

(3) Siendo esto así, del punto anterior se desprende casi automáticamente que cualquier ataque contra la propiedad privada de un individuo, es un ataque contra su libertad. Es decir, la propiedad de un bien únicamente me la pueden quitar o mediante la coacción -a punta de pistola- o mediante el engaño. En ambos casos me están impidiendo actuar libremente sobre mis posesiones y, por lo tanto, en ambos casos se está agrediendo a mi libertad y a mi persona. Por eso digo que cualquier acción defensiva que esté orientada a evitar el expolio de mis bienes, es un acto de legítima defensa.

En efecto, la propiedad sólo puedo adquirirla, que yo sepa, de tres maneras: cogiendo lo que no es de nadie -y siendo el primero en reclamarlo-, quitándoselo a otro mediante la violencia o la amenaza de ejercerla, o mediante la cesión voluntaria por parte del antiguo propietario, generalmente a cambio de algo que yo le doy a cambio -y que él subjetivamente valora más que lo que me da a mí. Es evidente que a estas alturas de la película, el primer procedimiento es meramente excepcional -cuando nos encontramos un billete de 5€ en la calle, por ejemplo- y el segundo es un coto reservado a ladronzuelos y políticos -los primeros lo hacen con riesgo de que les pillen y les enchironen y los segundos, dentro de ciertos límites, lo hacen legalmente por la vía de los impuestos y la expropiación. Nos queda por tanto, el tercer procedimiento como el más frecuente, que no es otro que el del libre intercambio comercial en el mercado de bienes y servicios -aunque a veces también cedemos la propiedad a cambio de nada, como cuando hacemos regalos o ayudamos al prójimo de forma altruista y voluntaria.

De este modo, dado que lo que es mío es mío, porque me lo he ganado con mi esfuerzo y mi trabajo, y eso no lo puede negar nadie, es evidente que no cabe el primer procedimiento. De los otros dos, dependerá del caso, pero no es menos evidente que si no es voluntario -entendiendo por voluntario, insisto, la total ausencia de coacción- entonces es violento -aunque sea mera amenaza, y si es violento, significa que me juego mi libertad, que es lo mismo que decir que mi integridad física -porque si me niego a dar la bolsa, me quitan la vida, o si me encierran en la cárcel e intento escaparme, el de la torreta de vigilancia me apuntará con el foco y me freirá tiros para que no me vaya. ¿Se ve claro el argumento de la legítima defensa?

Hombre, dirá mi amigo intervencionista, no me comparés a un atracador de bancos con el estado. El primero actúa buscando el beneficio personal y el segundo en beneficio de la sociedad. El estado somos todos. Hacienda somos todos.

So what? Le respondo yo, ¿es que acaso que sean muchos, muchísimos, los que atacan mi propiedad, de alguna manera legitima el crímen? Y si deciden quitármelo todo, y despojarme de todas mis pertenencias, ¿también están legitimados porque es la sociedad lo que lo quiere así? Y si lo que quieren es pasarme por las armas por ser liberal, ¿también su acción será buena porque es democrática?

Puede que sea un exagerado, pero ¿dónde ponemos el límite? ¿En qué momento lo que se decide por mayoría -o más bien lo que se decide por una panda de políticos que a su vez han sido elegidos por una mayoría, a menudo diversa como es el caso en España, donde el gobierno ha de pactar ora con unos, ora con otros- dejar de ser legítimo para convertirse en un crimen contra la humanidad?

Claro que recibimos algo a cambio de nuestros impuestos. Es evidente que sí y habrá una parte que cedería gustoso y voluntariamente al estado, de la misma manera que pago la cuota de la comunidad de vecinos. Pero creo que todo el mundo aceptará que el nivel de gasto de nuestros políticos y burócratas excede con mucho lo necesario y lo voluntario. Y si no, no hay más que echar un vistazo a cualquier relación de subvenciones pagadas con mi dinero, fastos estatales varios, viajes oficiales -en los que nuestros gobernantes, además hacen el ridículo-, ministerios absurdos, sueldos y dietas de compañeros sentimentales de ministras, coches oficiales, etc. Y ahí, querido amigo partidario del estado grande, ahí hasta tú convendrás conmigo que ese dinero te lo sacan con calzador. ¿O no?

(4) Dicho lo cual, me considero absolutamente legitimado ante mis congéneres para buscar la forma de pagar los menos impuestos posibles que cumpla con mis condicionantes. Así, puedo decidir limitarme a jugar con el sistema manteniéndome dentro de la legalidad, o puedo arriesgarme a quedarme fuera de la ley y rezar por acertar en el cálculo de probabilidades -en el caso de que un inspector de Hacienda lea esta entrada, la probabilidad de una inspección me da que será alta. O también puedo ponerme en huelga al estilo de John Galt, y buscarme un trabajo muy por debajo de mis capacidades, en el que me paguen menos y, por lo tanto, pague mucho menos por aquello de la proporcionalidad.

Porque esa es otra, en nuestros sistemas fiscales occidentales progresivos, en los que el que más gana no sólo paga más proporcionalmente -que tampoco tendría sentido ni sería justo- sino que paga más que proporcionalmente, se da la paradoja que uno puede perder todo incentivo a esforzarse un poco más para ganar más si es que resulta que por cada euro extra que saque del sudor de su frente, el amigo de Hacienda se queda con la mitad. Y entonces, ¿cómo se come la nefasta máxima del “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”? ¿Cómo sabe el señor estado que lo estoy dando todo? ¿Y si lo sabe y lo sospecha, me puede obligar a buscar un empleo mejor? Nos vamos pues, cuesta abajo por el camino de servidumbre de Hayek -y ello sin entrar a discutir lo mismo para conocer la necesidad de cada uno.

Así que, mientras Hacienda lo seamos unos más que otros para unas cosas, y menos para otras, seguiré pensando que está completamente justificado el rebelarse contra el sistema. He dado mis motivos, que espero se entiendan aunque no se compartan. Estos motivos son los que me llevan a que no vea nada malvado en los paraísos fiscales -ni que los haya ni los que se refugian en ellos-, pues otro gallo nos cantaría si hubiera competencia entre los gobiernos. Tampoco veo mal la competencia entre comunidades autónomas en materia fiscal, ni que los ricos de verdad se busquen la vida para proteger su patrimonio de la voracidad de los verdaderos parásitos estatales -¿qué pasaría si al bueno de Amancio Ortega se le hincharan las narices de que le colocaran la única foto que se ha hecho en su vida siempre que se habla de SICAVs y lo poco que paga al fisco, y desapareciera como hizo Ellis Wyatt en “La rebelión de Atlas”, harto de todos los Wesley Mouch y Bertrand Scudder del mundo?

Mientras no se pueda identificar claramente el uso que se le da a cada euro que pago de impuestos, y determinar que se trata de usos adecuados y razonables, consideraré la obligación fiscal como un atentado contra la propiedad privada y, por lo tanto, reconoceré el derecho, siquiera sea únicamente moral, a defenderse de la agresión.

Nota sobre el título: Se trata de un fragmento del discurso de Cicerón como defensor de Milo en el juicio a éste por asesinato. En esta sección, Cicerón aludía al derecho de legítima defensa como una ley natural, no escrita ni aprendida ni heredada, que establece que en caso de estar nuestra vida en peligro, por la violencia ejercida contra nosotros o por la amenaza de las armas de ladrones o enemigos, cualquier manera de asegurar nuestra integridad es honorable. El texto en negrita es una traducción más o menos libre del título de la entrada. El fragmento completo en latín sería este:  ”Insidiatori vero et latroni quae potest inferri iniusta nex? Quid comitatus nostri, quid gladii volunt? quos habere certe non liceret, si uti illis nullo pacto liceret. Est igitur haec, iudices, non scripta, sed nata lex; quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa adripuimus, hausimus, expressimus; ad quam non docti sed facti, non instituti sed imbuti sumus, —ut, si vita nostra in aliquas insidias, si in vim et in tela aut latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendae salutis.“

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He creído conveniente hacer esta advertencia porque este es mi caso y los números que muestro en este artículo, no por menos intuidos, dejan de resultarme menos abrumadores y descorazonadores. Por el contrario, también hay que decir, que le sabrá a poco y aún querría que fuera más, a aquel lector que sea de la opinión que la función del estado es la de proporcionar la felicidad de sus ciudadanos, colmándoles de todos los bienes materiales que estos necesiten para que puedan dedicarse a realizar sus deseos y hallar así respuesta a sus inquietudes sensoriales, sin tener que preocuparse de minucias como esforzarse para mantener y mejorar en su trabajo, proveerse para un futuro en el que las fuerzas ya no estén para lo primero, ahorrar para hacer frente a imprevistos (pérdida de trabajo, enfermedades, accidentes, etc.), reservar una parte de los ingresos para darle la mejor educación a sus hijos, o preocuparse de su salud y la de los suyos, contratando un plan médico a la medida de sus necesidades y llevando una vida saludable (p. ej. evitar el tabaco sin necesidad de que un estado paternalista se encargue, mediante regulaciones y prohibiciones, de mantenerle alejado de ese fatal vicio).

Después de esta larga introducción, es hora ya de plantear el tema de la entrada, tras la cual me comprometo a extenderme poco, dado que los números en este caso hablan por sí solos. Básicamente, he realizado un experimento mental para intentar determinar a manos de quién van a parar cada uno de los euros que salen de nuestros bolsillos cuando realizamos el acto más democrático y libre que existe: consumir.

Pues bien, para simplificar el ejercicio, no tenemos más remedio que hacer algunas simplificaciones. A tal fin, supondremos una empresa que provee un producto o un servicio al mercado y realiza unas ventas de 100,000 euros, considerando que en esta cifra de ventas el IVA está incluido. Esta empresa, es muy especial, dado que únicamente tiene un accionista (capitalista) y un trabajador y para operar sólo necesita pagar un alquiler a un tercero, que llamaremos terrateniente, utilizando la división de roles de la Economía Clásica que popularizó David Ricardo -pese a que la Economía moderna, y en especial la teoría marginalista, superó con las enseñanzas de Carl Menger la diferenciación de la renta de la tierra, considerándola un factor de producción más, para este ejemplo nos es práctico mantener la distinción).

De este modo, esta empresa presentaría una cuenta de resultados parecida a ésta:

Con estas cifras, obtendremos los economics (palabro que nos gusta mucho a los consultores) de cada uno de los agentes según la distinción de roles ricardiana:

Ya mosquea de por sí que de los 30,000 euros que le cuesta a la empresa el trabajador -y que según Mises, debería considerarse todo ello el salario, lo perciba o no el empleado-, al bolsillo de éste no le lleguen más que 16,200, un poco más de la mitad (luego algunos dirán que los empresarios son los explotadores). Pero no es esto de lo que quería hablar hoy, dado que ya he mencionado en otra ocasión sobre el mejor uso que se le puede dar a esas cotizaciones en beneficio de los trabajadores.

Sobre lo que quiero llamar la atención es sobre el resultado de sumar las casillas correspondientes al estado, cuarto agente olvidado por Ricardo, si bien es cierto que en tiempos del economista clásico aquél no se había convertido ni mucho menos en el ogro filantrópico que es hoy, según lo denominó Octavio Paz. En efecto, no hay más que echar una mirada al siguiente cuadrito para que a uno se le caiga el alma a los pies:

¡¡¡ Un 45,5% de todas las  rentas queda confiscada por el estado !!! ¿¿¿ Y dicen que el capitalismo es salvaje ??? Me pregunto quién es el caníbal aquí …

Y eso además sin contar con impuestos y tasas de otras burocracias de menor orden (licencias, impuestos sobre bienes inmuebles, sobre vehículos de tracción mecánica, impuestos indirectos especiales sobre los hidrocarburos, el impuesto especial eléctrico, actos jurídicos, transmisiones patrimoniales, y un laaaaaargo etcétera.

Pero todavía a algunos les parece que no son suficientes y que deberían subir un poquito más… Como es el caso de cierto actor tocayo y paisano mío, que en la contraportada del Mundo de este sábado (por el 12 de septiembre de 2009) clamaba sin sonrojarse que “quiere que suban los impuestos”. Toma claro, y si yo viviera de las subvenciones también querría que subieran los impuestos. Cuanto más mejor: el dinero de los demás nunca es suficiente. Quiero aclarar que este actor malagueño y llamado Antonio NO es Antonio Banderas, por el que siento respeto, admiración y gran simpatía pese a que piense distinto que yo. Este es otro actor malagueño llamado Antonio que parece pertenecer a esa generación de comediantes españoles, que no son sino un lobby más de buscadores de rentas que SÍ parecen necesitar de las subvenciones para poder ganarse la vida en su oficio (al contrario que el otro Antonio).

Claro que mientras haya gobernantes que vivan en la ilusión de que de una crisis se puede salir simplemente sacando más dinero de dónde cada vez hay menos -por los bolsillos de los ciudadanos- lo tendremos crudo.

Porque -y con esto termino- tratar de resolver una crisis subiendo impuestos -y no tocando o incrementando el gasto- es como intentar resolver la sequía de un país simplemente cambiando el agua de pantano -poniéndolo en pantanos menos eficientes, con más pérdidas y con mermas por evaporación del agua en los trasvases. ¿No será que es mejor, reducir el consumo de agua y, por otro lado, ahorrar para crear nuevos embalses?

Nota sobre el título: Frase tomada de la Vulgata del libro de Job (Job 1, 21) que profirió al perder todas sus riquezas: “El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó; bendito sea su santo nombre” en la que, sin pretender asimilar el estado a Dios, eso se lo dejo a los estatólatras de toda laya, deberíamos alterar el orden para que esté en línea con el contexto de la entrada. Debería decir pues “Dominus abstulit, Dominus dedit…”, el Señor me lo quitó, el Señor me lo dio. Así es cronológicamente más correcto entendido en forma de impuestos y posterior redistribución. También podríamos ser menos irreverentes y cambiar “Dominus” por el equivalente a “Estado”. Lamentablemente, el concepto de estado es moderno y no existía en la cultura clásica, por lo que no hay una palabra latina para designarlo. Una aproximación sería utilizar “Polis” o “Republica”.

Nota sobre la imagen: No creo que haga falta recordar que se trata de “Saturno comiéndose a sus hijos” de Goya, expuesto en el Museo del Prado. Quizás sea una imagen un poco excesiva para ilustrar el artículo, pero de indudable impacto dramático y, a fin de cuentas, es lo que terminará haciendo el estado con nosotros si seguimos caminando por el camino de servidumbre sobre el que nos alertara Hayek. En cualquier caso, es cierto que quizás podría haber puesto una imagen de Shrek para representar el ogro filantrópico y amable de Octavio Paz que he mencionado en el post.

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No es que esté defendiendo a los ricos -aunque tampoco sé qué tendría de malo hacerlo si han hecho su fortuna honradamente- y tampoco estoy negando el hecho de que en temas fiscales hay claras economías de escala a la hora de planificar los impuestos, empezando por la minuta de abogados y asesores y terminando por complejas estructuras societarias, que tampoco salen gratis y requieren de un mínimo capital acumulado con carácter previo. Pero lo que sí hago es rebelarme ante el pensamiento prefabricado y premasticado que nos lanzan desde los medios políticamente correctos en forma de titulares que más parecen eslóganes, y crónicas que más parecen tribunas de opinión (aparte de ser técnicamente pobres y maliciosamente erróneas).

Concretamente, durante los días recientes ha estado permanentemente en boca de todos el tema de las SICAVs, poniendóse de relieve que pocas personas -y periodistas prácticamente ninguno- ha dedicado ni un sólo segundo de reflexión a tratar de entender de qué se trata el asunto. Casi todos se han lanzado a dar eco en sus blogs o en sus tuiters de las noticias que iban publicando los distintos medios, aceptando acríticamente la mercancia que éstos ofrecían. Y es que en estos días, parece que el “argumentum ad auctorictas” se compra muy barato. Como dicen los compadres: “compadre, si lo dise el Abesé, eso es así”. Pues eso.

De este modo, se está dando por válido el axioma de que la legislación beneficia a los ricos apoyándose en la premisa de que las SICAV tienen un tipo fiscal privilegiado (1%) y éstas son el mecanismo preferido de inversión de los ricos. Pues bien, en este silogismo, si no negar la mayor, sí al menos hay que ponerla en cuarentena, dado que se están cometiendo al menos dos errores. Uno es bastante elemental: confundir el Impuesto de Sociedades (IS) con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El otro, requiere pensar un poquito más, pero también es evidente: cualquier tipo de gravamen diferente del 0% a una estructura como una SICAV, supone realizar una doble imposición fiscal.

Bien, pues como dijo el descuartizador de Cleveland, “vayamos por partes”.

1.- El Impuesto de Sociedades vs. el IRPF

De casi todos es conocido que hay un impuesto que pagan las empresas sobre el beneficio económico que obtienen de sus actividades, denominado Impuesto de Sociedades o IS. Este impuesto, tiene un tipo general del 30% sobre el resultado, aunque existen tipos reducidos para pymes (25%) o las susodichas SICAV (1% siempre que cumplan determinadas condiciones, la más conocida, que tenga al menos 100 accionistas) entre otros, además de diversas reducciones por motivos varios.

Este impuesto se aplica, como decíamos, sobre el beneficio de la sociedad y por lo tanto -muy, muy simplificadamente- se paga con cargo a la caja de la empresa con su contrapartida en la cuenta de resultados, disminuyendo así el beneficio neto. Dicho beneficio neto es sobre el que los accionistas pueden decidir si reinvertirlos en la empresa (pasando a formar parte de los fondos propios en el pasivo del balance con su correspondiente contrapartida en caja en el activo) o bien repartírselo (cuadrando el balance con la salida de caja de los fondos para pagar los dividendos).

Estas consideraciones aplican tanto a las empresas normales, sean sociedades anónimas, limitadas, cooperativas, etc. e incluyen a las SICAVs, que toman la forma de una S.A. con algunas características especiales.

Por otro lado, tenemos el impuesto general que pagamos las personas de a pie o “la renta”, que es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF. Este impuesto, de nuevo muy simplificadamente, distingue entre dos tipos de renta: la renta general y la renta del ahorro. La primera, que es donde entran las nóminas, los alquileres, etc. está gravada de manera progresiva -es decir, discriminatoria y confiscatoria, pero esa es otra historia- a un tipo diferente cada tramo y que va del 24% al 43%. Aparte hay que aplicar mínimos exentos y reducciones varias también en función de las circunstancias de cada uno -el caso es que nunca sabemos lo que pagamos hasta que hacemos la declaración.

La otra, la renta del ahorro -que cuando se quiere denostar, se dice la renta del capital-, aplica a las diferentes inversiones financieras, como por ejemplo los depósitos, cuentas de colores, acciones, fondos y similares y que tributan a un tipo fijo y sin tramos del 18%.

Dado que la inversión en una SICAV se realiza mediante la adquisición de acciones en la sociedad, los dividendos que ésta reparta -o la plusvalía ganada con la salida de la misma- se considera renta del ahorro y, por lo tanto, tributa al 18%.

Es decir, que el que se paguen impuestos por el beneficio de una empresa, no implica necesariamente que el o los dueños de la sociedad hayan visto aún un duro en forma de renta. Es decir, que da igual que la SICAV tribute al 1% al 30% o a 90% como les gustaría a algunos, en el momento que el rico propietario desea darse un caprichito, pagarle la universidad o comprarle un piso a sus hijos o, simplemente hacer caja para dar vida a una idea de negocio, le toca pasar por ventanilla y pagar el correspondiente 18%.

Creo que el siguiente gráfico puede terminar de clarificar -o de embrollonar- la cuestión.

2.- Gravar dos veces el beneficio de la SICAV supone pagar dos veces por lo mismo

Tal y como las define la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, las SICAVs o Sociedades de Inversión de Capital Variable son instituciones de inversión colectiva (IIC) que invierten en instrumentos o activos financieros (es decir, no en inmuebles ni terrenos ni ningún bien material) que toman forma societaria. Otro tipo de IIC de carácter financiero, por ejemplo, son los fondos de inversión que no son sociedades en sí mismos sino que están dentro del balance de otras compañías gestoras (SGIIC).

Como tales sociedades, las SICAVs tienen su propia cuenta de resultados, aunque ésta en esencia es muy simple, dado que como único ingreso cuenta con el retorno de las diferentes acciones en las que tiene invertido su capital -sea en forma de dividendo, sea en forma de plusvalías generadas en la compra-venta de acciones- y como gasto, el derivado de la propia gestión, que incluye el sueldo del gestor o la minuta de la sociedad gestora, más los costes de transacción (comisiones, cánon, etc.).

Efectivamente, según el esquema dibujado arriba deja entrever, el ingreso que percibe la SICAV de sus inversiones, viene ya minorado por el correspondiente IS que han debido pagar las sociedades correspondientes en origen, como hemos explicado arriba. Por lo tanto, dado que la SICAV en sí no añade ningún valor ni ningún beneficio adicional al que ya ha sido objeto de bocado por parte de Hacienda, antes bien, le resta una parte por los gastos derivados de la gestión, sería redundante cargarle con otro 30% adicional. Estaríamos pagando dos veces por lo mismo.

Para ilustrar este efecto, y para quien le gusten los números, he hecho el siguiente ejercicio simplificado que compara un escenario de inversión directa sin sociedades interpuestas con un escenario de inversión a través de una SICAV desde el punto de vista de la empresa en la que se invierte, la SICAV y, en última instancia el inversor:

Ya se ve que al rico inversor, la SICAV no aporta a priori un beneficio especial, antes al contrario, le cuesta el dinero o, más correctamente, le reduce la rentabilidad de la inversión. Por lo tanto, los poco amigos de que haya gente que ahorre, acumule capital y lo invierta en empresas y gracias a eso ganen dinero, pueden estar tranquilos…que no es oro todo lo que reluce (título del post en latín)

Entonces, se preguntará el amable -y paciente- lector que haya llegado hasta aquí, ¿qué aporta una SICAV? ¿Por qué se meten en una? Bueno, se me ocurren varios motivos y luego puede haber muchos otros.

Por ejemplo, facilita tener una cartera diversificada y una gestión profesional. También, permite materializar beneficios dentro de la SICAV -vendiendo cuando la acción está cara- y retrasar el pago de los impuestos a otro momento que sea más favorable, pues si lo hago yo solo, tendría que pagar el 18% cada vez. O, antes de que lo cambiara al actual gobierno, la renta del ahorro (y su tipo del 18%) sólo aplicaba si la inversión se había mantenido al menos dos años, en caso contrario se consideraba renta general e iba al marginal (como mínimo el 24% pero típicamente según el perfil del inversor, el 43%). Por lo tanto, en el escenario previo, las SICAVs tenían una clara ventaja fiscal para operar a corto plazo -lo que algunos llaman especular, pese a que especular es todo lo que hacemos pensando en el futuro.

Y, finalmente, estoy seguro de que hay estructura societarias más complejas en las que la SICAV es una pieza más del puzzle y en las que realmente es posible pagar muy pocos impuestos -y desde luego, mucho menos que el marginal del 43%.