Y aunque lo digo medio en broma medio en serio, en realidad comparto con ellos un razonamiento fruto de un cierto ejercicio de reflexión. Estos argumentos son los que quiero compartir aquí en esta ocasión, ya que el tema de los impuestos vuelve a estar tristemente de moda. Lo que intento es combatir la supuesta moral que condena a quien deja de pagar impuestos por cometer un crimen contra toda la sociedad, que para la progresía imperante es peor que un delito de lesa humanidad.

No sé si lograré convencer a alguien, porque la propaganda del “Hacienda somos todos” ha calado hondo en nuestros espíritus y a nadie parece importarle mucho que, aunque Hacienda seamos todos, algunos lo son/somos más que otros. No obstante, me conformaré al menos con que se reflexione un poquito y no se compre a la primera la mercancía prefabricada.

Pero antes de que se me acuse de incitar al delito fiscal, quiero dejar claro un tema: considerar que un comportamiento esté éticamente justificado no implica necesariamente que éste sea legal. Lo que es legal es legal y lo que es ilegal es ilegal, nos guste o no. Allá cada uno con el nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir para defender lo que es suyo -sí, suyo.

Porque otra cuestión bien distinta es dónde situar la barrera que marca cuando pasamos de una “planificación fiscal agresiva” a un fraude de ley o, directamente, a la evasión de impuestos. Esto no es ni mucho menos evidente y, de hecho, nuestros amigos ingleses, con la finura lingüística que les caracteriza, tienen toda una literatura jurídica y jurisprudencial para distinguir entre “tax avoidance“, o mucho mas sugerente, “tax mitigation” -lo legal- de “tax evasión” -lo ilegal. Los españoles, que para esto somos un poco más brutos, hablamos simplemente de evasión de impuestos y con esto le colgamos el sanbenito a cualquiera que simplemente quiera defender su propiedad privada.

Ya se ve que algo, por ser ilegal, no necesariamente tiene que ser inmoral y viceversa, un comportamiento legal puede ser tachado de inmoral en según qué esquemas éticos -como ejemplo, la consabida cantinela de que los ricos, ricos de verdad, no pagan impuestos.

En cualquier caso, no quiero iniciar un nuevo debate filosófico-político sobre la relación entre ley y ética y mucho menos abrir ahora el melón sobre la existencia de una ética objetiva -si a alguien le interesa ese debate, le recomiendo que lea “La ética de la libertad” de Murray N. Rothbard.

Lo que quiero -y claramente no consigo- es centrarme en mi tema de hoy: la justificación ética para, permitáseme el eufemismo, optimizar los pagos al estado en concepto de impuestos.

El razonamiento lo resumo en estos cuatro puntos que luego elaboraré: (1) los impuestos son el resultado de la coacción del estado que, bajo la amenaza del ejercicio de la violencia física, nos fuerza a entregarle una parte arbitraria de nuestra propiedad privada, y la emplea en usos que son igualmente arbitrarios y discrecionales. (2) La propiedad privada es la institución humana más importante, y el derecho a su protección solamente es superado en importancia  por el derecho a la vida y a la libertad. (3) Tanto es así que, defender lo que es propio de uno es tanto como defenderse a sí mismo. Puede decirse que la defensa de la propiedad es un acto de legítima defensa o, lo que es lo mismo, es moral ejercer cualquier acción -incluso si es violenta- para defenderse la integridad física de uno mismo, y de sus posesiones. (4) Por lo tanto, podemos considerar las acciones orientadas a minimizar el pago de impuestos como un gesto de defensa propia que está éticamente justificado.

(1) Los impuestos, como su propio nombre indica, son una acción impuesta por un grupo de personas sobre alguien. Es verdad que los impuestos los pagamos voluntariamente sin que venga el señor de Hacienda físicamente a nuestra casa, pistola en mano, para recaudar. En general, la mayor parte la pagamos con la anestesia de la retención en nómina. Como el dinero no llega a entrar en el bolsillo, parece que nos doliera menos pagarlo y no tenemos la sensación de estar obligados a hacerlo. Si resulta que, pese a las retenciones, la declaración nos sale a pagar, entonces sí que pesa sobre nosotros la obligación de ingresar en las arcas de Hacienda, si bien la cantidad suele ser pequeña en relación con lo que hemos ido dejando de recibir a lo largo del año -y si nos sale a devolver, ilusos de nosotros, nos ponemos muy contentos sin darnos cuenta de que nos devuelven una fracción mínima de lo que ya se han quedado.

Aún así, cuando nos toca pagar voluntariamente, en realidad lo hacemos porque pende sobre nosotros la amenaza de que nos envíen al señor recaudador acompañado de una pareja de la Guardia Civil y, no sólo nos quitará el dinero que teníamos que haber pagado, sino que nos quitará más por el hecho de que se tenga que tomar la molestia de venir. Y, si es mucho, además, nos encerrará. El hecho de que no suela haber violencia, como ocurre en la imagen que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en los recaudadores de impuestos medievales, no implica que, en última instancia, no exista una amenaza de la misma.

He tachado la palabra voluntariamente porque ya se ve que éste es muy diferente del caso en el que pedimos que nos descuenten de la nómina el seguro de salud o el fondo de pensiones privado, o pagamos nuestra cuota a una oenegé o contribuimos a Cáritas. Se parece más al del carterista que nos levanta la cartera en el metro sin que nos enteremos, o al atracador que amablemente nos pide un esfuerzo mientras nos encañona con su pipa. No creo que esto tenga mucho que ver con la solidaridad. Por eso, no es casualidad que se llamen impuestos, ¿no?

(2) Sobre la propiedad privada, podría escribir cientos de entradas, pues el tema da para varias tesis doctorales. Sobre su importancia, decía Bastiat que “la propiedad es la verdad y la justicia misma y que lo que lleva en su seno es el principio del progreso y de la vida“. Y no exageraba el economista francés la importancia de esta institución casi tan antigua como el hombre y que está estrechamente ligada a la libertad. En efecto, el mismo autor se preguntaba si

se puede concebir la noción de “propiedad” sin libertad. ¿Soy propietario de mis obras, de mis facultades, de mi fuerza, si no puedo emplearlas en prestar “servicios” aceptados voluntariamente? (…) Y si la libertad padece detrimento, ¿no es la propiedad la que experimenta el daño?

O, por ejemplo, Lord Acton -el que acuño la célebre frase de “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”- sostenía que “un pueblo contrario a la institución de la propiedad privada carece del primer elemento de la libertad” o, más tarde, nuestro habitual Hayek, mantendría en “Los fundamentos de la libertad” que el reconocimiento de la propiedad supone un primer paso en la delimitación de la esfera privada que nos protege contra la coacción:

El reconocimiento de la propiedad privada constituye, pues, una condición esencial para impedir la coacción, aunque de ninguna manera sea la única. Raramente nos hallamos en condiciones de llevar a cabo un plan de acción coherente a menos que poseamos la seguridad del control exclusivo de algunos objetos materiales, y donde no los controlemos, es necesario que sepamos quién lo hace si hemos de colaborar con los demás.

Tanto es así que Rothbard -que ya hemos mencionado antes- identificó directamente los “derechos humanos” con derechos de propiedad. Y lo hizo en dos sentidos:

uno, que la propiedad sólo puede atribuirse a los seres humanos, de modo que una persona tiene derechos de propiedad precisamente porque es humano. Y dos, que el derecho de la persona sobre su propio cuerpo, su libertad personal, es tanto un derecho de propiedad sobre su persona como un “derecho humano”.

(3) Siendo esto así, del punto anterior se desprende casi automáticamente que cualquier ataque contra la propiedad privada de un individuo, es un ataque contra su libertad. Es decir, la propiedad de un bien únicamente me la pueden quitar o mediante la coacción -a punta de pistola- o mediante el engaño. En ambos casos me están impidiendo actuar libremente sobre mis posesiones y, por lo tanto, en ambos casos se está agrediendo a mi libertad y a mi persona. Por eso digo que cualquier acción defensiva que esté orientada a evitar el expolio de mis bienes, es un acto de legítima defensa.

En efecto, la propiedad sólo puedo adquirirla, que yo sepa, de tres maneras: cogiendo lo que no es de nadie -y siendo el primero en reclamarlo-, quitándoselo a otro mediante la violencia o la amenaza de ejercerla, o mediante la cesión voluntaria por parte del antiguo propietario, generalmente a cambio de algo que yo le doy a cambio -y que él subjetivamente valora más que lo que me da a mí. Es evidente que a estas alturas de la película, el primer procedimiento es meramente excepcional -cuando nos encontramos un billete de 5€ en la calle, por ejemplo- y el segundo es un coto reservado a ladronzuelos y políticos -los primeros lo hacen con riesgo de que les pillen y les enchironen y los segundos, dentro de ciertos límites, lo hacen legalmente por la vía de los impuestos y la expropiación. Nos queda por tanto, el tercer procedimiento como el más frecuente, que no es otro que el del libre intercambio comercial en el mercado de bienes y servicios -aunque a veces también cedemos la propiedad a cambio de nada, como cuando hacemos regalos o ayudamos al prójimo de forma altruista y voluntaria.

De este modo, dado que lo que es mío es mío, porque me lo he ganado con mi esfuerzo y mi trabajo, y eso no lo puede negar nadie, es evidente que no cabe el primer procedimiento. De los otros dos, dependerá del caso, pero no es menos evidente que si no es voluntario -entendiendo por voluntario, insisto, la total ausencia de coacción- entonces es violento -aunque sea mera amenaza, y si es violento, significa que me juego mi libertad, que es lo mismo que decir que mi integridad física -porque si me niego a dar la bolsa, me quitan la vida, o si me encierran en la cárcel e intento escaparme, el de la torreta de vigilancia me apuntará con el foco y me freirá tiros para que no me vaya. ¿Se ve claro el argumento de la legítima defensa?

Hombre, dirá mi amigo intervencionista, no me comparés a un atracador de bancos con el estado. El primero actúa buscando el beneficio personal y el segundo en beneficio de la sociedad. El estado somos todos. Hacienda somos todos.

So what? Le respondo yo, ¿es que acaso que sean muchos, muchísimos, los que atacan mi propiedad, de alguna manera legitima el crímen? Y si deciden quitármelo todo, y despojarme de todas mis pertenencias, ¿también están legitimados porque es la sociedad lo que lo quiere así? Y si lo que quieren es pasarme por las armas por ser liberal, ¿también su acción será buena porque es democrática?

Puede que sea un exagerado, pero ¿dónde ponemos el límite? ¿En qué momento lo que se decide por mayoría -o más bien lo que se decide por una panda de políticos que a su vez han sido elegidos por una mayoría, a menudo diversa como es el caso en España, donde el gobierno ha de pactar ora con unos, ora con otros- dejar de ser legítimo para convertirse en un crimen contra la humanidad?

Claro que recibimos algo a cambio de nuestros impuestos. Es evidente que sí y habrá una parte que cedería gustoso y voluntariamente al estado, de la misma manera que pago la cuota de la comunidad de vecinos. Pero creo que todo el mundo aceptará que el nivel de gasto de nuestros políticos y burócratas excede con mucho lo necesario y lo voluntario. Y si no, no hay más que echar un vistazo a cualquier relación de subvenciones pagadas con mi dinero, fastos estatales varios, viajes oficiales -en los que nuestros gobernantes, además hacen el ridículo-, ministerios absurdos, sueldos y dietas de compañeros sentimentales de ministras, coches oficiales, etc. Y ahí, querido amigo partidario del estado grande, ahí hasta tú convendrás conmigo que ese dinero te lo sacan con calzador. ¿O no?

(4) Dicho lo cual, me considero absolutamente legitimado ante mis congéneres para buscar la forma de pagar los menos impuestos posibles que cumpla con mis condicionantes. Así, puedo decidir limitarme a jugar con el sistema manteniéndome dentro de la legalidad, o puedo arriesgarme a quedarme fuera de la ley y rezar por acertar en el cálculo de probabilidades -en el caso de que un inspector de Hacienda lea esta entrada, la probabilidad de una inspección me da que será alta. O también puedo ponerme en huelga al estilo de John Galt, y buscarme un trabajo muy por debajo de mis capacidades, en el que me paguen menos y, por lo tanto, pague mucho menos por aquello de la proporcionalidad.

Porque esa es otra, en nuestros sistemas fiscales occidentales progresivos, en los que el que más gana no sólo paga más proporcionalmente -que tampoco tendría sentido ni sería justo- sino que paga más que proporcionalmente, se da la paradoja que uno puede perder todo incentivo a esforzarse un poco más para ganar más si es que resulta que por cada euro extra que saque del sudor de su frente, el amigo de Hacienda se queda con la mitad. Y entonces, ¿cómo se come la nefasta máxima del “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”? ¿Cómo sabe el señor estado que lo estoy dando todo? ¿Y si lo sabe y lo sospecha, me puede obligar a buscar un empleo mejor? Nos vamos pues, cuesta abajo por el camino de servidumbre de Hayek -y ello sin entrar a discutir lo mismo para conocer la necesidad de cada uno.

Así que, mientras Hacienda lo seamos unos más que otros para unas cosas, y menos para otras, seguiré pensando que está completamente justificado el rebelarse contra el sistema. He dado mis motivos, que espero se entiendan aunque no se compartan. Estos motivos son los que me llevan a que no vea nada malvado en los paraísos fiscales -ni que los haya ni los que se refugian en ellos-, pues otro gallo nos cantaría si hubiera competencia entre los gobiernos. Tampoco veo mal la competencia entre comunidades autónomas en materia fiscal, ni que los ricos de verdad se busquen la vida para proteger su patrimonio de la voracidad de los verdaderos parásitos estatales -¿qué pasaría si al bueno de Amancio Ortega se le hincharan las narices de que le colocaran la única foto que se ha hecho en su vida siempre que se habla de SICAVs y lo poco que paga al fisco, y desapareciera como hizo Ellis Wyatt en “La rebelión de Atlas”, harto de todos los Wesley Mouch y Bertrand Scudder del mundo?

Mientras no se pueda identificar claramente el uso que se le da a cada euro que pago de impuestos, y determinar que se trata de usos adecuados y razonables, consideraré la obligación fiscal como un atentado contra la propiedad privada y, por lo tanto, reconoceré el derecho, siquiera sea únicamente moral, a defenderse de la agresión.

Nota sobre el título: Se trata de un fragmento del discurso de Cicerón como defensor de Milo en el juicio a éste por asesinato. En esta sección, Cicerón aludía al derecho de legítima defensa como una ley natural, no escrita ni aprendida ni heredada, que establece que en caso de estar nuestra vida en peligro, por la violencia ejercida contra nosotros o por la amenaza de las armas de ladrones o enemigos, cualquier manera de asegurar nuestra integridad es honorable. El texto en negrita es una traducción más o menos libre del título de la entrada. El fragmento completo en latín sería este:  ”Insidiatori vero et latroni quae potest inferri iniusta nex? Quid comitatus nostri, quid gladii volunt? quos habere certe non liceret, si uti illis nullo pacto liceret. Est igitur haec, iudices, non scripta, sed nata lex; quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa adripuimus, hausimus, expressimus; ad quam non docti sed facti, non instituti sed imbuti sumus, —ut, si vita nostra in aliquas insidias, si in vim et in tela aut latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendae salutis.“

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Pero ocurre que el estado, que es el aparato social de fuerza y coacción tal y como lo definía Mises, no está para dar trabajo a la gente, sino para “proteger y amparar la vida, la salud y la propiedad privada de los particulares que, por violencia o fraude, puedan perpetrar enemigos internos o externos”^[1]. Los gobiernos, por tanto, salvo incrementar el número de funcionarios, no disponen de mecanismos para la creación directa de empleos. Sin embargo, sí que pueden contribuir -y en mi opinión, lo hacen-, a dificultar la creación de puestos de trabajo por parte de los empresarios, que son quienes en primera y última instancia los que los generan en una economía de mercado. Otra cosa es que tras el florido “nuevo modelo productivo” que tanto juego está dando últimamente a cuenta de la crisis y del supuesto fracaso del capitalismo y del mercado, estén ocultando siniestros deseos de volver a plantear el fallido modelo de planificación centralizada. Modelo que hasta la fecha no ha sembrado más que hambre y pérdida de libertad allí donde se ha intentado implantar. Pero esa es otra historia.

Estaba pensando en esto de los obstáculos que los gobiernos ponen a que los empresarios desarrollen su actividad, y en concreto en una de las medidas estrellas que el de aquí, de España, se ha sacado de la manga en el reciente debate sobre el estado de la nación: reducir en no sé cuántos puntos el impuesto de sociedades a las PYMES que mantengan o mejoren (sic) su plantilla en no sé cuánto tiempo.

No voy a entrar mucho en criticar la medida, pues ya ha sido comentada ampliamente en tertulias varias. Sólo diré que a mí me parece que bajar impuestos siempre es mejor que las ayudas directas -subvenciones-, pero hombre, esto es como darle la medicina al paciente que está sano y negársela al que tiene fiebre. ¿O es que no cayeron en que el IS se paga sobre los beneficios? En fin, es lo que tiene la improvisación.

La línea de impuestos, además, suele verse muy abajo en la cuenta de resultados y suele verse más en los despachos de abogados que se dedican a la planificación fiscal que en las salas de reuniones donde se toman las decisiones empresariales. Decisiones empresariales como el dimensionamiento de la plantilla o medidas de restructuración y reducción de costes.

Es decir, cuando uno mira un negocio, uno mira si genera o consume caja, y eso depende de lo que sea capaz de vender, el margen que le saque y las inversiones que necesite hacer para mantener el negocio. El impuesto de sociedades, siendo importante, llega mucho, mucho después. Sin embargo, hay otros impuestos que hacen acto de presencia bastante antes y con bastante impacto, pues afectan en gran medida a los costes de producción y, por lo tanto, a la competitividad de las empresas españolas frente a la competencia de otros países. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los costes de la seguridad social, que en nuestro país encarecen los costes laborales en un 30%.

Así, dándole vueltas a este tema se me ha ocurrido hacer unos números rápidos. Pues bien es cierto que a los liberales se nos llena la boca diciendo que bajar impuestos siempre tiene un efecto positivo en la economía pero rara vez se ve un número, y claro esto si no se explica no se ve intuitivamente.

Así que me he puesto manos a la obra y me he hecho un modelito muy simple para ver cuál sería el efecto de reducir a la mitad las cotizaciones sociales que pagan las empresas por los empleados que tienen en nómina. Para ello, me he tenido que inventar unos datos sobre la nómina media, que son los que se muestran en el cuadro de la derecha. Por motivos de simplicidad, he optado por utilizar 100 como base y suponer que los subsidios por desdempleo igualan el salario (que ya conocemos que no es cierto porque hay un tope). También he redondeado alguna cifra, como el 4,7% de la cotización personal a la Seguridad Social, que he convertido en 5% (esto es una nota para los puntillosos).

Con estos datos, he supuesto una población activa de 100 personas y me he pintado tres escenarios: (1) con pleno empleo, (2) con un 15% de tasa de desempleo y (3) con una rebaja del 50% en las cotizaciones sociales de las empresas y un 4% de tasa de desempleo.

¿Por qué un 4%? Porque es la tasa a la que aproximadamente los costes salariales de las empresas serían los mismos que pagando el 100% de las cotizaciones. O lo que es lo mismo, refleja la siguiente hipótesis: los empresarios, obligados por la crisis -caída de la demanda- deben reducir su estructura de costes. En un entorno con cotizaciones al 30% de los salarios, no tienen más remedio que ajustar sus plantillas, destruyéndose empleo y generándose un 15% de paro. En aras de la simplicidad, asumimos que en esta situación (con un paro del 15%) se produce el equilibrio. Es decir, los costes salariales totales de las empresas han alcanzado un punto por debajo del cuál no es necesario reducir más.

Así, lo que viene a plantear el tercer escenario es que la reducción de las cotizaciones sociales permitiría a las empresas reducir sus costes sin necesidad de restructurar su plantilla de manera tan agresiva, de modo que para alcanzar el punto de equilibrio antes mencionado, sólo habría que amortizar un 4% de los puestos de trabajo en lugar del 15% que se producía antes.

Veámos qué pasa en cada uno de estos escenarios:

Pues bien, lo que el cuadro que acabamos de ver viene a poner de manifiesto es que la reducción del gasto del estado en subsidios por desempleo es capaz de compensar la caída en ingresos de la Seguridad Social por la caída de las cotizaciones: lo que ingresa neto el erario público es exactamente lo mismo. Y todo ello sin mover un milímetro las prestaciones sociales ni tocar los salarios de los trabajadores.

Para los que os gustan los gráficos, a la izquierda podéis comprobar visualmente cómo queda la cosa. Las empresas mantienen los costes salariales pero gracias a la disminución de la SS pueden mantener un mayor número de personas en plantilla. Pero, se puede argüir, esta rebaja de costes, se puede traducir en una bajada de los precios para mantener las ventas durante la crisis. Claro que sí, pero recordemos que estos costes totales son aquellos que una vez alcanzados, permiten a las empresas sobrevivir, por lo tanto, ya llevan implícitos tanto la caída de volúmen como de precios.

Por otro lado, el gráfico inferior muestra como pese a la reducción de los ingresos de la SS, los ingresos netos totales prácticamente no varían. La diferencia se debe a los menores gastos por subsidios al haber menos gente a la que pagarle la prestación por desempleo. Los ingresos por IRPF permanecen invariables porque hemos supuesto que el subsidio iguala el salario y, en este país, a los que perciben el paro les retiene Hacienda como a todo hijo de vecina -no deja de ser curioso que te den dinero y luego te quiten una parte.

Seguramente, en la línea dos algun habrá dicho: “sí claro, dices que por bajar las cotizaciones a la mitad el paro se divide por tres y yo me lo creo. Ese dinero los empresarios seguro que se lo guardan para enriquecerse ellos y a los trabajadores que les zurzan”. Puede ser que haya sido un poco optimista, es cierto, pero si no os gusta el 4% ponemos otro número. Porque lo que es evidente es que el desempleo debe bajar. Los empresarios son empresarios pero no son tontos, y si tienen la oportunidad de bajar costes sin echar gente lo harán. Porque dado que esta medida no supone un incremento de la productividad -hay otras que estoy convencido de que sí, pero es más difícil de demostrar-, y dado que el empresario querrá seguir vendiendo todo lo que le demande el mercado mientras pueda producirlo a un coste que sea menor que el precio, no tiene ningún incentivo a desprenderse de personas que, a fin de cuentas, son las que le ayudan a atender a su clientela. Y, en cualquier caso, si decide que parte del ahorro lo va a emplear en renovar maquinaria -ergo invertir-, puede que él no esté contratando a más gente, pero está generando una demanda en algún otro sitio que alguien tendrá que cubrir, digo yo. Por no decir de los beneficios de la inversión, que asegura la competitividad -y por ende, el empleo- del mañana.

A una malas, si el empresario cae en la tentación de echarse al bolsillo el ahorro, sin dejar de despedir, no olvidemos que dicho ahorro va directo al bottom line, es decir, al beneficio. Algo por lo que hay que pagar el 35% en esta nuestra España. Por tanto, aún en el caso de que los empresarios cumplieran con la imagen ideologizada que de ellos tienen a cierto lado del espectro político, aún así, su amado estado estaría recuperando una buena parte de lo que generosamente habría cedido.

Otro argumento que se podría oponer es el de la prueba de la progresión. Es decir, qué ocurre si luego viene otra crisis y bajamos el 50% y luego otra y otra. Es evidente que la medida sólo sería eficaz una vez, estoy de acuerdo. Pero sostener el argumento contrario sería como aquello que vi una vez en un tebeo del Botones Sacarino, que subía la calefacción en verano para notar el fresquito al quitarla. O el chiste aquel del que iba por la selva con un trozo de viga de hierro, para soltarlo y así correr más rápido en caso de que le saliera un león. Pues eso, ¿qué hacemos? Cuando nos recuperemos de la crisis, ¿cógemos una viga más grande?

Son sólo números y números gordos. Con muchas aproximaciones y mucho ceteris paribus de los que les gustan a los economistas. Y se suponen variables como fijas que en realidad no lo son. Todo eso lo sé y me consta que será otro argumento que, no sin justificación, se pueda poner sobre la mesa. A uno, que es ingeniero de teleco y se ha pasado toda la carrera suponiendo que la tierra es plana, libre de obstáculos y sin atmósfera, pues claro, estas aproximaciones no le escandalizan. Pero entiendo que como mínimo cause sospecha.

Ahora bien, si para una cosa tan sencilla hace falta tomar tantas hipótesis y tantas aproximaciones, digo yo que quienes estén planificando el nuevo modelo productivo para España se estarán tentando la ropa, ¿no?

1. ^ Ludwig von Mises, La acción humana: Tratado de Economía, Unión Editorial, 7a edición, Madrid 2004, p. 307

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