La manera en la que nos expresamos está llena de trampas, como ya he comentado en alguna ocasión. Una de ellas es, consciente o inconscientemente, tratar de suavizar un argumento o una opinión que estamos a punto de dar, a veces acompañándola de muletillas del tipo “esto es un poco porque no-sé-qué”, y otras veces de fórmulas un poco más complejas, como la que oía esta mañana en la radio en relación con la dichosa huelga de transportistas.

Yo entiendo las razones de los huelguistas y les apoyo, pero creo que pierden la razón cuando actúan de forma violenta en los mal llamados piquetes informativos.

Yo entiendo que tengan motivo de cabreo, y entiendo también, cómo no, el drama personal de ver como su fuente de ingresos se tambalea al cambiar las condiciones del mercado. Pero no entiendo ni apoyo las razones de su protesta -que el Estado no ha hecho nada por ayudarles-, sus reivindicaciones -la tarifa mínima-, el medio por el que las reclaman -la huelga- o el objeto de sus iras -los trabajadores que no quieren sumarse a la huelga, y los sufridos ciudadanos(1).

Y precisamente de la reclamación de la tarifa única es de lo que quería escribir, porque la gran fortaleza que tienen los argumentos intervencionistas es que son sencillos de captar y a priori pueden resultar hasta atractivos (2). Pero a poco que uno rasque se da cuenta de que no traen nada bueno. Porque, ¿a quién no lo parece “justo” que se le garantice a alguien un precio mínimo para los productos que vende? Hasta que toca pagarlos, claro. Lo malo, es que es a los ciudadanos a los que nos toca pagar ese precio artificialmente inflado, y además no solemos ser conscientes de otros efectos negativos que se desencadenan y que hacen que a la postre el coste real sea mucho mayor. Porque, lo cierto es que la economía ha demostrado ya que la intervención de los precios no es ni una solución ni eficaz ni eficiente.

En una situación auténtica de libre mercado en la que los costes pasan a superar a los ingresos, los precios suben hasta que se restituya de nuevo el equlibrio. Porque a medida que suben los costes, caben sólo tres opciones: subir los precios, ser más eficientes o abandonar el mercado y pasar a hacer otra cosa.

Lo de subir los precios dependerá de la oferta y la demanda y si ésta es menor que aquélla, entonces lo tenemos mal, porque siempre habrá alguien dispuesto a vender más barato. Lo de ser más eficientes, a nivel individual, es un camino pero tiene un límite, que una vez alcanzado sólo cabe ser más eficiente como industria. Esto es, vía consolidación, sinergias y finalmente, reduciendo la oferta.

En este caso, con todo el drama humano que hay detrás, no me olvido de ello. Pero aunque el proceso de reconversión sea duro, que lo es, siempre será menos doloroso que cuando ha de hacerse a lo bruto vía la intervención del Estado -y si no, que se lo digan a los que sufrieron la reconversión industrial de principios de los 80 tras décadas de mantener artificialmente determinadas estructuras productivas.

Y digo esto porque el proceso de mercado no es drástico. Los costes, salvo shocks de oferta o de demanda muy acuciados -y los precios del petróleo llevan subiendo meses y meses-, no se duplican de un día para otro. Cuando el mercado está verdaderamente libre de la intervención estatal, el ajuste es gradual y paulatino: primero se van yendo los menos eficientes, los que antes empiezan a perder dinero. Y como es gradual, tienen más fácil encontrar alternativas que si de repente te encuentras con diez mil personas, con sus familias buscando todas a la vez otro medio de vida alternativo.

A estas tres opciones, algunos añaden una cuarta: pedir al gobierno que intervenga y, o bien le baje sus costes -lo cual no está mal si es bajando los impuestos o reduciendo los costes administrativos derivados de las regulaciones-, o bien les mantenga el precio de forma artificial -lo cual está muy mal y sólo sirve para empeorar las cosas. Y me explico:

Si el gobierno, cediendo a la coacción de los huelguistas, fija un precio mínimo que está por encima del que el mercado establecería espontáneamente, lo único que conseguiría es mantener artificialmente una oferta de servicios que es superior a la demanda de los mismos -si no, hace tiempo que los transportistas habrían subido sus precios. Lo que conseguiría es retrasar el ajuste necesario, pues ante la esperanza de vender a precios superiores a sus costes, muchos transportistas permanecerían en el mercado.

Ahora bien, hemos dicho que la demanda es inferior a la oferta, luego lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, como dijo Talleyrand. Es decir, que por mucho que pongan un precio por decreto, si las necesidades de transporte están más que cubiertas -por ejemplo porque al haber menos construcción hay menos materiales que transportar-, habrá camiones que de todos modos se queden en el aparcamiento por falta de clientes. Por lo tanto, ya se ve que la medida es ineficaz, pues esos transportistas desaparecerían de todos modos por falta de trabajo, siendo el abandono del mercado justo lo que éstos querían evitar.

Ante esta situación, aquellos empresarios y transportistas con mejores relaciones y mejor calidad de servicio son los que se llevarán el gato al agua sistemáticamente, por lo que el resto, los que se quedan en casa volverán a protestar exigiendo al gobierno que establezca cuotas y obligue a las empresas a contratar, por ejemplo, alternativamente a varios proveedores. O eso o cualquier otra derivación hacia más intervención.

Es más, si el gobierno fija los precios artificialmente por encima de los de mercado, más que probablemente habrá a quien les compense comprarse su propio camión y mantener a los conductores en nómina. Total, para pagar un precio que no lo vale obligado por el gobierno, me lo hago yo y lo mismo me ahorro unos euros. Con tal de que los costes de hacerlo yo mismo estén un poco por debajo del precio que me fija el estado, ya me compensa. ¿Qué ocurre entonces? Que le damos otro bocado a la demanda, y el resultado es más camiones parados. Por lo que la medida es además de ineficaz, contraproducente en el sentido de que no sólo no produce los resultados esperados sino justo los contrarios a los que se buscaban.

¿Qué es previsible que pase entonces? Que éstos se echen de nuevo a la calle y a los despachos ministeriales a reclamar que se concedan licencias para que sólo las empresas autorizadas puedan disponer de camiones. Y de nuevo entramos en la espiral intervencionista.

Por otro lado, habría que que ver cómo se articula esa tarifa mínima, que requeriría añadir funcionarios dedicados al cálculo y actualización de la misma y, por supuesto a la vigilancia y control de que las tarifas se están aplicando correctamente. Lo cual en un mercado con el nivel de fragmentación que tiene el de transporte, se me antoja tan difícil como meter todo el agua del mar en un agujero en la arena. A no ser que dedicáramos hordas de burócratas resultando en una medida ineficiente. Y, seguramente, triplemente ineficaz, pues pronto aparecería la manera de saltarse el control: lo que te cobro de más en la tarifa regulada, te lo descuento en los servicios que no están intervenidos -y entonces habría que ampliar la esfera de la intervención y nueva vuelta de tuerca. Ni que decir tiene del problema de decidir cuál es el margen adecuado que tienen que llevarse los señores transportistas. Peliagudo cuando menos.

Y es que a esto es a lo que se referían von Mises, Hayek, Milton Friedman y tantos otros economistas liberales cuando afirmaban que no es posible intervenir sólo una parte de la vida económica. Que una vez que empiezas, ya no puedes parar si realmente quieres alcanzar el objetivo buscado. Porque un abismo convoca otro abismo.

Dejo una excelente entrevista al ya fallecido Milton Friedman defendiendo el sistema de libre mercado o capitalismo como única alternativa posible. Yo tampoco veo a esos ángeles que comenta al final, ¿y vosotros?

(1) Alguna vez, de hecho, los ciudadanos de a pie deberíamos ponernos en huelga recursiva para protestar contra los que hacen huelga.

(2) Gracias a Dios parece que ya ha rechazado la medida, no sé si por miedo a la previsible escalada de reivindicaciones o porqué estén convencidos de que es inútil y contraproducente, pero el caso es que me ha parecido una decisión responsable. Algo a lo que no nos tenían acostumbrados, de ahí la duda.