El debate sobre el sostenimiento de la I+D+i por parte del estado está de actualidad tras la presentación del borrador de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 que, en su confección presente suponen un recorte del 15% para el departamento que supuestamente vela por esta actividad en España.

Ante el mencionado anuncio no son pocos quienes, alarmados, se han movilizado en defensa de la Ciencia -aunque sería más correcto decir a favor de las subvenciones y subsidios a los investigadores e instituciones científicas-, oponiéndose vehementemente y, en mi opinión, sin un mínimo análisis crítico o al menos una reflexión previa, dado que los argumentos se reducen a presentar el recorte como dañino para la I+D+i del país, al ser “asfixiada por la falta de recursos”. Dando por sentado que el estado es el único que puede aportar fondos al desarrollo de la Ciencia (por cierto, me choca que el citado blogger es profesor en una institución académica privada creada y sostenida, creo, como una iniciativa empresarial).

Me he tomado la molestia de leer unos cuantos posts reivindicativos, con un especial interés en aquellos más renombrados y “creadores de opinión”, como el ejemplo mencionado -o lo que viene a ser lo mismo, las primeras posiciones que aparecen en Google. En todos ellos (por ejemplo, aquí, aquí o aquí) he encontrado el mismo vacío de argumentos y la falta de análisis -claro que hay que reconocer que las motivaciones del gobierno al recorte no dan para mucho análisis. Otra cosa sería que se lo hubieran planteado seriamente y con conocimiento de causa en lugar de la medida atolondrada e improvisada que aparentemente es. Lo más serio que he visto a favor de la iniciativa ha sido la entrada de Multimaniaco, con quien ya había debatido al respecto en Twitter (y que, por cierto César, tú mismo das un ejemplo de una gran corporación privada financiando investigación básica, muy descaminado no andaremos 😉 ).

Por ello, en este contexto, es relevante y clarificador este artículo que escribió Murray N. Rothbard en 1959.

Y es que sin duda, la financiación, o lo que es lo mismo, la asignación de recursos a la I+D+i (donde englobamos ciencia, tecnología e innovación) es, como señala Rothbard, un subconjunto del problema más amplio y cuestión económica clave: la asignación de recursos en general.

Porque si miramos de manera estrecha a la cuestión de la financiación de la I+D+i, ¿quién podría estar en desacuerdo con la idea de que mejor cuanto más dinero para la ciencia? El problema, sin embargo, surge cuando alejamos el zoom y abrimos la perspectiva: resulta que hay otras muchas actividades que demandan recursos y que son tan necesarias o más como la propia ciencia, porque

…if there are to be more scientists, or more scientific research, then there must be less people and less resources available for producing all the other goods and services of the economy.

Por tanto, habría que discernir cuánto hemos de desviar de la producción de otros bienes para dedicarlo al “impulso” del I+D+i. Y, una vez decidida la cantidad, hay que resolver aún otro problema más: escoger entre qué iniciativas y programas de investigación repartimos ese montante que hemos separado para dedicarlo a la ciencia y la tecnología.

A ambos interrogantes Rothbard plantea que, como en el cualquier otra esfera de la economía, la solución más eficiente en términos dinámicos al problema de asignación de recursos -inter- e intrasectorial- consiste en dejarlo a la creatividad empresarial desarrollada en un mercado libre, que tiene la virtud de asegurar la mejor asignación de recursos y de hacerlo, además, coordinadamente, gracias a las señales que a través de los precios se transmiten a consumidores, trabajadores, inversores y empresarios.

Uno de los problemas a los que Rothbard dedica bastante espacio, y que está relacionado con esto último, es la aparente falta de científicos de la que adolece la economía norteamericana de la época. Su tesis es que dicha escasez no es real, tal y como se refleja en el bajo nivel de los salarios en comparación a otras profesiones:

…there can no be lasting shortage of any ocupation on the free market, for if there is a shortage, it will be quickly revealed in higher salaries, and these salaries will do all that is humanly posssible to alleviate the shortage rapidly by attracting new people into the field (and bringing back those who left the field)

A lo que cabría añadir para el caso español de actualidad: trayendo a casa aquellos que no dejaron el campo de la investigación pero sí el país, y alternativamente o también a la vez, trayendo de fuera aquellos que disfruten de salarios más bajos en su país de origen.

En relación con la supuesta escasez de personal científico, subyace una idea en el discurso de Rothbard: ésta es que el que el gobierno disfrute del monopolio de la defensa de iure y del monopolio de la investigación básica de facto -en España por el carácter público de las universidades-, no implica que pueda imponer sus condiciones a la hora de fijar los salarios, de la misma manera que ningún monopolio de demanda no provoca situaciones diferentes a las que surgirían si tal demanda no estuviera monopolizada, como ya indicó Mises cuando hablaba de los precios de monopolio en su Acción Humana.

Por lo tanto, si bien toda la ciencia básica se hace a expensas del erario público -dado que la militar es privativa del estado y para la civil, la fiscalidad le deja poco margen a las instituciones privadas-, y el estado se convierte en el único empleador de personal dedicado a hacer ciencia, no por ello se deja de competir con otras ocupaciones del ámbito privado a la hora de captar el talento disponible dentro y fuera de las fronteras. Así, los perfiles más cualificados y de mayor ambición, se dedican a profesiones más lucrativas, o bien emigran a otros países donde el trabajo científico está mejor pagado.

Al tema salarial en cualquier caso, habría que añadirle otras inconveniencias características del entorno público: ausencia de meritocracia como criterio de progresión profesional, jerarquías, sobrecarga de burocracia y reglamentaciones, falta de libertad a la hora de escoger los temas de investigación y exploración, etc.

Por otro lado, uno de los argumentos más comunes, que ya señalaba Rothbard en 1959 pero que son de plena vigencia en el mundo predominantemente intervencionista de hoy en día, es que la investigación científica, “left to the mercies of the free market, would be insufficient for modern techonological needs”.

En efecto, hoy en día se escuchan y leen argumentos similares, como por ejemplo, que la investigación supone esfuerzos a largo plazo y con alto riesgo mientras que la empresa toma decisiones más a corto plazo, no viniendo mal, por lo tanto, el impulso estatal para corregirlo. Así, se argumenta, de no ser por los esfuerzos públicos, nunca se construirían radiotelescopios o aceleradores de partículas para la investigación de los físicos.

Al escuchar o leer este último argumento, no puedo evitar pensar en el Gran Colisionador de Hadrones (más conocido por sus siglas en inglés, HLC), diseñado para reproducir las condiciones del Big Bang y financiado por el CERN, organización pluriestatal compuesta por 20 países europeos. La construcción del HLC se aprobó en 1995 y ha entrado en funcionamiento en agosto de 2008, aunque con diversos problemas técnicos y averías que han impedido que puedan realizarse los experimentos previstos. La construcción del mismo ha sufrido un sobrecoste de 450 millones de euros frente a los 1.700 inicialmente previstos. Es evidente que un proyecto así, sólo puede ponerse en marcha con dinero público, que es bien conocido que no es de nadie y, por lo tanto, nadie puede reclamar.

Pues bien, resulta ciertamente sencillo de argumentar que el estado no sólo no corrige e impulsa sino que interviene y distorsiona. Porque aparte de los efectos negativos de cualquier subsidio, el control del gobierno

would tragically bureaucratize science and cripple that spirit of free inquiry on which all scientific advance mus rest. (…) For government control means that rigid lines would be set for research; and these lines can not meet changing requirements.

Así, se hace ciertamente difícil de imaginar que un burócrata, por formado que esté, sea capaz de discernir (con criterios científicos) dónde mejor poner el dinero del contribuyente, tratándose de una actividad en la que, si la acción humana por definición se enfrenta a la incertidumbre de un futuro desconocido, en el terreno de la investigación, la indeterminación sobre los resultados que arrojará la investigación, es más inconmensurable aún si cabe: uno sabe cuándo y dónde empieza, pero desconoce cuándo y dónde llegará, e incluso si llegará algún día a alguna conclusión que merezca la pena. Como indica Rothbard, “the essential feature of innovation is that the path to it is not known beforehand”, algo que casa mal con la burocracia, inventada precisamente para aportar predictabilidad.

Aunque asumamos que la investigación y la ciencia son positivas per se para el progreso de la sociedad -que lo son en términos generales, aunque no necesariamente la ciencia siempre avance linealmente-, no hay manera humana de identificar a priori los proyectos de I+D+i que van a representar un mayor avance sobre el resto. Ni siquiera sabemos qué proyectos van a surgir en el futuro y si serán potencialmente más fructíferos que aquellos en los que ya hemos comprometido nuestros recursos.

En este sentido, el funcionario de turno, buscando precisamente la predictabilidad mencionada, se verá limitado a utilizar criterios basados en hechos pasados demostrables, como puede ser el historial de ayudas concedidas previamente al investigador, el grado de autoridad en la materia a investigar -por el número de publicaciones-, etc., y sin duda descartaría a quienes Rothbard califica como las mentes verdaderamente originales. A modo de ejemplo, Murray N. Rothbard recuerda que los inventores de Kodachrome eran músicos, que Eastman, el gran inventor en la fotografía, era contable y otros casos similares. Hoy podríamos añadir, por ejemplo el caso de Sergey Brin y Larry Page, que con 23 y 24 años respectivamente y siendo estudiantes de doctorado, inventaron el potente algoritmo de búsqueda que hoy es Google.

Me decía César que aunque la financiación pública en I+D+i sea ineficiente, mejor es ese gasto que nada. Y yo le devuelvo la pelota con la siguiente reflexión: ¿cuántos proyectos están dejando se salir porque los recursos que podrían financiarlos privadamente se desvían a estos macroproyectos que salen más caros de lo que son y que nadie sabe si tendrán un avance siquiera similar al de aquellos que dejar de hacerse?

Además, se hace complicado ver el encaje que tiene en un rígido esquema burocrático todos esos fenómenos que se producen por sorpresa sin ser buscados deliberadamente y para los que el Prof. Huerta de Soto toma prestado del inglés el término serendipidad. Rothbard cita como ejemplos de descubrimiento no buscados a propósito, entre otros, el terileno, más conocido por su nombre comercial, Tergal, o el tratamiento para el cáncer de próstata. Un ejemplo de más actualidad y muy conocido sería el de las notas adhesivas Post Its, inventadas a partir de un superpegamento que no pegaba.

En todo caso, hasta ahora hemos contemplado criterios que, al menos intencionalmente, están directamente conectados con el fin perseguido: el aumento del conocimiento científico o la invención de nuevas técnicas. Pero no hay que olvidar la advertencia de Rothbard cuando se refiere a la ciencia soviética -que estaba de moda en la época gracias al Sputnik– y que es aplicable a cualquier tipo de intervención, incluso en las democracias occidentales:

Governmet control of science, government planning of science, is bound to result in the politicization of science, the substitute of political goals and political criteria for scientific ones.

Así, puede ocurrir que ante la decisión, por ejemplo, de dónde ubicar un gran radiotelescopio financiado con fondos europeos -es decir, pagado con los impuestos de los ciudadanos de la UE- los diferentes comités se vean influenciados por criterios no específicamente científicos como el balance de votos de los diferentes estados miembro, la aritmética parlamentaria, el juego cruzado de favores -yo hoy te apoyo en esto si mañana me das tus votos para aquello otro-, etc.

Por otro lado, surge la cuestión de los grandes proyectos que requieren de ingentes cantidades de inversión únicamente abordables por los estados nacionales o incluso organismos supranacionales, como el mencionado del HLC. Ante esta observación, Rothbard ofrece un relatorio de ejemplos de grandes avances técnicos y científicos del siglo XX, incluido el campo de la energía nuclear, que han sido llevado a cabo bien por “personas independientes, siguiendo sus propias directrices y con recursos muy limitados”, o bien por pequeños grupos de investigadores y científicos dentro de organizaciones -privadas- más grandes.

Además, habría que cuestionar la necesidad real de tamaños proyectos pues, ¿realmente la sociedad en su conjunto está mejor después de tener un acelerador de partículas de alta energía o un gran radiotelescopio? O, como dice Rothbard de la carrera espacial (las negritas son mías):

It may seen exciting to engage in space exploration, but it is also enormous expensive, and wasteful of resources that could go into needed products to advance life on this earth. To the extent that voluntary funds are used in such endeavors, all well and good; but to tax private funds to engage in such ventures would be just another giant government boondoggle.

Y, en cualquier caso, aunque de dicho macroproyecto pudieran resultar descubrimientos que cambiaran el mundo, eliminaran sufrimientos y mejoraran la calidad de vida de la población, si un ciudadano no quisiera colaborar en el mismo por tener expectativas más pesimistas o, simplemente, por tener otro fin más inmediato y más valorado en el que emplear su efectivo, ¿cómo se justifica la acción coactiva del estado al apropiarse de esos medios forzándole a perseguir unos fines distintos?

La pregunta que se plantea Rothbard finalmente es: ¿qué papel le queda al gobierno para impulsar la I+D+i? Lo primero es algo en lo que insiste varias veces a lo largo de su texto: evitar interferir positivamente en el proceso de mercado o en el proceso de exploración científica, limitándose a reformar sus propias leyes que dificultan y obstaculizan la investigación científica.

Y, en segundo lugar, introduce la política fiscal como palanca de acción, fundamentalmente a través de la eliminación de subsidios y subvenciones y de su sustitución por reducciones de impuestos, tanto a particulares como empresas y en forma de créditos fiscales, gastos deducibles o directamente reduciendo o eliminando impuestos. Sin duda, éste último mecanismo me parece personalmente más eficiente, en tanto una reducción general simplifica los procedimientos, reduce el fraude y por lo tanto los costes de su control, y deja que sea el propio mercado el que incentive la I+D+i allí donde sea más necesaria. Porque siendo coherentes con el principio que enuncia Rothbard de que “every firm must stand on its own voluntarily-raised resources”, no deberían tomarse decisiones de inversión en I+D+i (y en ningún otro concepto) que no fueran rentables si el gobierno dejara de conceder subsidios o desgravaciones fiscales.

Nota sobre el título: Versión modificada del proverbio “si un ciego guía a otro ciego, los dos caen el el agujero” para que diga “si un ciego guía al que ve, los dos caen al agujero”.  Se trata un particular homenaje a Juan de Mariana, que en su obra con el título “Discurso de las enfermedades de la Compañía” desarrolla, como dice Huerta de Soto, la intuición de que es imposible dotar de un contenido coordinador a los mandatos que proceden del gobernante, y ello porque éste no puede hacerse con la información necesaria: “es loco el poder y mando… Roma está lejos, el General no conoce las personas, ni los hechos, a lo menos, con todas las circunstancias que tienen, de que pende el acierto. Forzoso es se caiga en yerros muchos, y graves, y por ellos se disguste la gente, y menosprecie gobierno tan ciego… que es gran desatino que el ciego quiera guiar al que ve“. He querido poner este título en alusión al argumento de que el estado no dispone del conocimiento para “ordenar” la investigación científica o, lo que es lo mismo, asignar los recursos necesarios allí donde más beneficio se vaya a obtener.