Lex citius tolerare vult privatum damnum quam publicum malum

Tapas registro azules Canal Isabel II

Me lanza un buen amigo del mundo 1.0 una serie de preguntas por email acerca de la propuesta de sacar a bolsa el 49% del Canal de Isabel II, la empresa que gestiona el suministro de agua en la Comunidad de Madrid, que hasta el momento es de titularidad 100% pública. Naturalmente, y aunque él explícitamente lo niegue, la batería de preguntas va con toda la intención. Además, se le une otro amigo apostillando con clara ironía y sin ocultar acritud -aunque con cariño como él dice. Como quiera que el tema en cuestión me parece muy interesante para reflexionar sobre el mismo y sobre los argumentos que se le oponen a la propuesta de privatizar parcialmente la propiedad de un servicio público, recojo el guante. Eso sí, espero que no les importe que lo haga desde aquí y así mato varios pájaros de un tiro: les contesto, tengo por lo menos dos visitas más -que si no, no lo hacen ni a tiro-, y de paso publico un post después de una larga temporada de sequía editora. Vamos allá.

Me pregunta mi amigo:

¿A quién va dirigida la oferta? ¿Inversores institucionales o particulares? Si institucionales, ¿qué se saca de invertir en una empresa en la que una entidad pública tiene el control? ¿Es que se va a prometer dividendo? ¿O el objetivo va a ser maximizar el valor para el accionista, como es obligación de cualquier sociedad por acciones?

Pues bien, vayamos por partes, como dijo el descuartizador de Cleveland. Sobre a quién va dirigida la oferta sólo sé lo que se dijo al anunciar la medida:

[…] me propongo autorizar a la Comunidad de Madrid para crear una sociedad anónima encargada de gestionar el ciclo integral del agua de la Comunidad de Madrid, cuyo capital será inicialmente cien por cien de la Comunidad de Madrid y que posteriormente dará entrada a la participación de los madrileños que lo deseen, hasta un máximo del 49 por ciento en los mercados de valores organizados y en la Bolsa.

Esperanza Aguirre

Discurso en el Debate sobre el Estado de la Región. 16 de Septiembe de 2008

Aparte de concederle el margen de credibilidad que todo político merece, sea del signo que sea, pues uno no es tan bisoño, ya se ve que la intención es dirigir la oferta a los madrileños. De todos modos, se me antoja complicado ofrecérsela sólo a ellos y que a la vez las acciones coticen en los mercados de valores. Pues aunque, es obvio que si las acciones se negocian en la bolsa, entrarán en el accionariado los madrileños que lo deseen, también lo harán los malagueños, y los valencianos, y los bonaerenses y, … quien quiera. Pues de eso trata la bolsa, un mercado secundario que proporciona los mecanismos para que los inversores compren/vendan las acciones a los precios a los que encuentren un vendedor/comprador dispuestos a vender/comprar a esos precios. Y que yo sepa, sin mirar dónde han nacido o están empadronados unos y otros.

Si irá dirigida inversores particulares o institucionales no lo sé. Aunque del anuncio se desprende que sólo habrá tramo minorista, lo habitual en las salidas a bolsa es que haya también un tramo institucional. O sea, que vayan dirigida a ambos, ya que los inversores institucionales permiten la colocación de un mayor número de acciones de una vez y con una acción comercial mucho más enfocada -hay que convencer a 10 para que compren 10 millones de acciones, en vez de convencer a 1 millón para que compren 100. En todo caso, no cabe olvidar que tras la inversión institucional siempre hay particulares. En el menor de los casos, individuos o familias muy ricos y en el mayor, personas como nosotros que invertimos a través de fondos o acciones de esas instituciones, o contratamos seguros que invierten parte de las primas en renta variable.

Por eso mismo, pienso que para la siguiente pregunta -¿qué se saca de invertir en una empresa en la que una entidad pública tiene el control?- no es tan relevante el hecho de que el inversor sea particular o institucional. Parece que se piensa que la principal motivación para invertir en una empresa es obtener el control de la misma, pero no tiene por qué ser así. Es más, en la mayoría de los casos, la inversión lo que busca es una rentabilidad acorde al riesgo que tiene la misma -y si uno busca el control es porque tiene la expectativa de mejorar esa rentabilidad si domina el gobierno de la compañía.

Es decir, lo que se saca de invertir en una empresa como esta es lo mismo que se saca de meter el dinero en cualquier otra inversión: rentabilidad. Sea vía dividendos, sea vía el incremento del valor de las acciones con vistas a una futura venta de las mismas, lo que se persigue es obtener más dinero del que se puso. Y que sea más del que conseguimos con una imposición a plazo fijo o comprando letras del Tesoro. O, lo que es lo mismo, que el valor de los flujos de caja netos generados por la inversión, descontados a la tasa correspondiente -y que es función de la tasa de riesgo cero y del riesgo inherente a la inversión- sea lo mayor posible y, por supuesto, siempre mayor que cero. Esto es lo que significa eso de crear valor para el accionista.

Y las únicas maneras por la que una participación en la propiedad de una empresa puede generar flujos de caja netos positivos es repartiendo dividendos o generando plusvalía a su venta -o ambas. Es más, dice la teoría que el valor de una acción en todo momento refleja la expectativa de los dividendos futuros. Por lo que en puridad, los dividendos serían el único medio. Y, por otro lado, parece mucho más razonable pensar que el valor de una empresa esté relacionado con su capacidad para generar beneficios y repartirlos entre sus accionistas que con la evolución del precio de sus acciones cotizadas al albur de movimientos más o menos especulativos.

Insisto tanto en esto porque me da la respuesta a las siguientes dos preguntas: la promesa de dividendos o la obligación de generar valor para el accionista. Ya se ve que de lo que acabamos de comentar es exactamente lo mismo, por lo tanto no aplica la disyuntiva.

Hasta aquí la teoría y las respuestas concretas a preguntas específicas. Ahora bien, de las preguntas así formuladas -y sabiendo de quién vienen- se desprende un claro matiz ideológico. Pues hay en ellas una especie de connotación negativa, ya sea a la promesa de dividendos o a la generación de valor para el accionista. Por no decir a la privatización, el verdadero demonio pinchapapas laico para cierto lado del espectro político.

Pero centrándonos de momento en lo de los dividendos, parece como si eso de prometerlos fuera anatema. Yo, sinceramente, espero que se prometan dividendos, porque si no no va a poner un duro ni el tato. O qué esperamos, ¿que los inversores pongan los 4,000 millones que hacen falta para mejorar la red y no reciban nada a cambio? Para ese viaje no se necesitan alforjas, se recaudan vía impuestos y a correr.

¡Ah! Va a ser eso, que mis amigos prefieren la acción coercitiva del Estado para sacar ese dinero del bolsillo de las personas a la fuerza y a fondo perdido antes que las personas puedan decidir, motu propio, cómo mejor emplear sus ingresos. Pero ese, el de qué es lo más eficiente para la sociedad, es otro debate que dejo para los comentarios y un futuro post, que hay aquí hay todavía mucha tela que cortar y al título de la entrada se le puede sacar más jugo…

Continuará

10 thoughts on “Lex citius tolerare vult privatum damnum quam publicum malum

  1. Pingback: Bitacoras.com
  2. En general muy de acuerdo Antonio en lo que planteas. Mi aportación en todo caso es que creo que no siempre es minoristas vs instituciones, hay también “entes” controlados por el poder político que también juegan (normalmente con las cartas marcadas o en la manga) – En este caso, y sólo es el primer ejemplo que se me ocurre, ¿acudirá Caja Madrid?.

  3. Luis, no seré yo quien niegue lo que dices ni quien confíe ciegamente en las intenciones de nuestra clase política (bueno, nuestra y en general).

    Iba a decir que Caja Madrid es una institución gobernada por personas y en la que en vez de accionistas hay impositores. Pero ya sé que hay que ir más allá.

    En el sistema actual en el que las Cajas son por un lado el pesebre al que acude gran parte de la mediocridad política de este país (especialmente la autonómica) a ganarse un buen sueldo un buen par de dedos de moqueta que pisar y en el que tienen un gran atractivo por la cantidad de recursos que manejan, son un reclamo para que nuestros dirigentes hagan y deshagan a gusto … mientras dure su mandato. Por lo tanto, en esto estoy de acuerdo contigo.

    Ahora bien, cajas o no, tienen que ganarse la confianza del mercado día a día y convencer igual a la gente para que domicilie su nómina allí o les compre un fondo… o les compre las acciones cuando saquen a bolsa sus participaciones industriales (al estilo de lo que hizo la Caixa con Criteria).

    Y esta confianza no se otorga cada cuatro años sino, como digo, en el día a día. Y además, están expuestos no sólo al escrutinio del español medio, sino de los analistas e inversores internacionales. Y con unas normas de transparencia (en la CNMV se retratan todos) leoninas.

    Con lo cual (y pese a la que está cayendo) su capacidad de tejemanejes es limitada.

    Y estos potenciales riesgos habría que ponerlos en la balanza con los beneficios de la privatización, que espero tener algún día tiempo para una segunda parte.

    Saludos,
    Antonio.

  4. Yo en manos de esta señora no pondría ni un duro porque está claro que sus intereses no pasan por generar valor para el accionista (de otra manera nada impediría colocar por ejemplo el 60%) sino que su agenda es política. El ejemplo más claro es el de Miguel Blesa, al que este mismo grupo pretende echar por, en palabras de su número dos, aplicar criterios demasiado “economicistas”, a pesar de teóricamente estar muy cercanos en el espectro ideológico (aunque, seamos realistas, mucho más liberal es Blesa que quien no mencionaré). Estos hacen buenos a los otros…

  5. Estimado Antonio,
    gracias por responder a mis inquietudes con la buena disposición que te caracteriza :-))
    Realmente, desde un punto de vista teórico, a mí la entrada de capital privado en una empresa pública no me parece mala idea. Si hace falta invertir X millones en las infraestructuras de gestión y distribución del agua, las opciones son recurrir (1) a los bolsillos de los contribuyentes via impuestos o (2) a los mercados via (2.a) deuda o (2.b) participación en la compañía.
    En lo de que no nos gustan los impuestos tú y yo estamos de acuerdo :-)
    La elección entre deuda o vender me parece compleja – si vendemos parte de ese activo común para financiar inversión estamos simplemente “retrasando” el problema (¿pan para hoy y hambre para mañana?).
    En cualquier caso, si se da entrada al capital privado manteniendo la gestión en manos públicas, se puede mantener un equilibrio (difícil) entre la necesidad de dar beneficios y el deber social de mantener una estructura de calidad e igual para todos.

    Lo que me preocupa realmente es el siguiente paso. Conociendo las muy publicitadas convicciones de la Sr. Presidenta, dudo que ese porcentaje del 49% sea un “máximo”. ¿Y qué ocurre cuando el 100% pasa a manos privadas? Ah, ahí ya no existe el “deber social” sino únicamente el “deber a los accionistas”.

    Pero no, nos aseguraran, habrá garantías, precios máximos, el estado se ocupará de controlar…lamentablemente la experiencia nos enseña (y se encarga de recordarnos puntualmente) que después de la ola de “privatización” viene la ola de “desregulación”, siempre en aras de una mejor “eficiencia”.

    Ahí es donde (amablemente) disiento contigo. Yo sigo pensando que hay determinadas áreas donde como comunidad no debemos buscar la “eficiencia” sino la “igualdad”.

    Recibe un afectuoso saludo de tu amigo
    Chavi

  6. Gabriel, no voy a poner la mano en el fuego por nadie a quien no conozca personalmente, desde luego. Y menos si es profesional de la política, aunque mentiría si dijera que no siento simpatía política por esta señora o que no pienso que en Madrid las cosas funcionan relativamente bien y eso se nota en el tirón económico. A diferencia de otros gobiernos (incluso algunos con las mismas siglas) que en 20 ó 30 años no han conseguido sacar a sus comunidades del letargo o, directamente las han hundido. El ejemplo más sangrante el de mi tierra, gobernada por el mismo partido desde la democracia, y siguiendo a la cola del país. Eso sí, vamos por la tercera o cuarta modernización…

    Pero no se trata aquí de hablar de la pequeño-política que practican nuestros representantes (sic) ni de personalizar en sujetos concretos. Algo en lo que permíteme que afirme en la izquierda son bastante más proclives a caer.

    En todo caso, claro que su agenda es política y la de Blesa económica. Lo raro sería lo contrario.

    Y respecto a lo del 60%, es curioso (y no digo que sea tu caso) pero es un argumento que he oído a más gente de la que con un 51% ya se hubiera echado las manos a la cabeza. ¿En qué quedamos, es bueno o es malo privatizar?

    Naturalmente, se habrá quedado corta pero la que se monta es de traca si en vez de eso dice de privatizar el 100%. Lo curioso es que Aguas de Barcelona es una empresa privada con origen privado y nunca he oido una queja porque lo sea. Antes bien, creo que es motivo de orgullos para muchos. Si no es así, corrígeme porque puedo equivocarme.

    No sé los motivos exactos, pero parece claro que la Comunidad quiere retener el control. ¿Por qué? Ellos sabrán, me imagino que por imagen pública y seguramente por hacer la privatización completa pero por partes y de manera controlada.

    A fin de cuentas, otras empresas públicas se han ido privatizando a tramos. Telefónica sin ir más lejos.

    Muchas gracias por comentar y animar el debate por aquí :-)

    Saludos,
    Antonio.

  7. Muy apreciado Chavi, ante todo muchas gracias por comentar y bienvenido a este tu blog :-)

    Hablas del beneficio y de la necesidad de mantener una estructura de calidad e igual para todos como si fuera una dicotomía insalvable. Lo cual no tiene por qué ser cierto, sino todo lo contrario y ya explicaré por qué. Pero en este caso, creo que tienes razón por un motivo: no hay competencia posible o, mejor dicho, probable.

    Porque no parece factible que nadie vaya a invertir en una segunda red de distribución, depuración, etc. Y en el caso de que lo hiciera, parece poco viable que recuperara la inversión en algún momento antes del Juicio Final al precio a que está el agua (y dudo que ningún ayuntamiento dejara abrir las calles para meter una nueva red de tuberías).

    Por lo tanto este sería un monopolio cuasi natural y, de esta manera, dirigido sólo por el beneficio alguien podría caer en la tentación de degradar la calidad o subir los precios o ambos, consciente de que no hay competencia. Quizás por eso hace falta que el Estado no pierda el control.

    Y mira, dos ventajas más de esto de la bolsa. Una la transparencia. Cotizar en bolsa implica una transparencia y una apertura informativa leonina, algo que de momento no se da.

    Otra, que la valoración de la gestión se ve retratada cada día al abrir la sesión, mientras que de otro modo esto sólo ocurre cada cuatro años y queda subsumido por otras muchas consideraciones.

    Hasta ahí llega nuestro acuerdo. Porque en lo de igualdad, primero me tendrás que explicar lo que significa. Si es “igualdad ante la ley”, “igualdad de oportunidades de acceso al agua” o “igualdad de condiciones contractuales” ni tengo nada que objetar.

    Si es “igualdad por la ley”, discrepo profundamente. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Reprtir el agua que puedes consumir en función de tu renta? ¿Poner precios distintos en función de que ganes más o menos? … ¿Alguna otra medida redistributiva?

    Y, por supuesto, eficiencia siempre. Que no pase como pasa ahora en Madrid, en Londres y yo creo que en cada servicio público de aguas: que se pierde un 50% en filtraciones y mermas.

    ¿Por qué? Porque al ser público desaparece el incentivo a la eficiencia, total ellos no pagan el agua que se pierde. Su coste, el real (el coste de energía en depurarla, bombearla, etc.) y el de oportunidad no les cuesta a los gestores, sino a los contribuyentes.

    Y, que quieres que te diga, ya que tengo que pagar impuestos, al menos que se busque la eficiencia.

    Y, finalmente, eso de los precios máximos en el tema del agua me parece paradójico. Si el agua es un recurso escaso que derrochamos… ¿no será porque no nos cuesta tanto? Ya sabemos que a precio cero, demanda infinita (sin embargo la oferta aquí está limitadísima –> algo falla).

    Si costara el doble, ¿seguiríamos lavándonos los dientes o afeitándonos con el grifo abierto? ¿tirariamos de la cadena sólo por tirar una colilla al inodoro? ¿lavaríamos el coche alegremente con una manguera? ¿dejaríamos correr el agua hasta que salga a la temperatura que nos gusta para lavarnos las manos o beber agua?

    No sé, ¿hacemos lo mismo con la gasolina?

    Saludos,
    Antonio.

  8. Una sóla puntualización, privatizar, desde mi punto de vista, debe permitir insuflar energías en una organización apática, y eso sólo se consigue con posibilidad de control, no con capital cautivo que responde a otra agenda de intercambios (tu haces esto por mi y yo te doy juego en…)

    Así que claramente, privatizar si, y con control, compartido o exclusivo, pero con control.

    Sobre el resto, hay muchas opiniones, muchas coincidentes, otras discutibles en cuanto a su causalidad… seguiremos debatiendo :)

  9. Gabriel, pues fíjate que uno de los debates de estos días es el de la nacionalización o no de los bancos y ya he escuchado que lo que plantea el gobierno capitalizando las empresas en dificultades no es nacionalizar en realidad porque según el decreto-ley (que no he leído ni conozco en profundidad) las participaciones que tome el Estado no tienen derecho a voto, o lo que es lo mismo, control.

    Y esto, es más fuerte que privatizar la compañía de aguas… Por eso, entiendo lo que tú decías respecto a esto y en gran medida lo compro. ¿Pero los bancos? ¿Dejarías al Estado que controle los bancos?

    ¡Buff! Pánico me da sólo pensarlo. Habrán sido un poco codiciosos, pero mira las cajas, que sí están controladas por la cosa pública y en España son las entidades financieras que todos dicen que tienen más dificultades.

    Sobre las causalidades, tienes razón. La relación causa-efecto no se puede demostrar (en temas sociales), y tras una aparente correlación pueden esconderse miles de causas que ignoramos o ser pura coinciencia.

    Ahora bien, lo que sí se puede demostrar es la no relación causa efecto: si lo que pensamos que debería ser factor causa está presente (y por mucho tiempo) y aún así no se produce el efecto deseado, parece difícil deducir que existe una relación. Ya sabes por donde voy 😉

    Saludos,
    Antonio.

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